El Parlamento gallego exigió ayer la flexibilización de la obligación de desembarque mediante una iniciativa que todos los grupos presentaron y aprobaron de forma conjunta a petición de la Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (Fremss). La política de eliminación de descartes -capturas no deseadas que se tiran por la borda- entrará en vigor el próximo 1 de enero en la Unión Europea y podría llevar a la flota a amarrar, según denuncia el propio sector.

La Fremss elaboró un manifiesto que presentó el 10 de febrero en la lonja de A Coruña en el que niega que esta norma contribuya a lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y exige a Bruselas que estudie su exención para algunas pesquerías. La fundación considera que su aplicación puede ser "un absoluto despropósito" y que la política de "cero descartes" puede convertirse en "cero ingresos" para el sector.