El Parlamento gallego aprobó ayer por votación unánime exigir al Gobierno central el traspaso de las competencias de los centros del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que hay en la comunidad. El objetivo es que tanto el centro oceanográfico de A Coruña como el de Vigo pasen a formar parte de la estructura propia de la Xunta y que su gestión económico-administrativa dependa del Ejecutivo autonómico.
La portavoz de Pesca del BNG, Montse Prado, defendió la proposición no de ley presentada por el grupo nacionalista en la Comisión de Pesca. El texto recoge que, mientras la transferencia no sea efectiva, es preciso iniciar un "proceso de descentralización" de los institutos para dar lugar a una gestión según las necesidades de cada uno.
"Hay un desconocimiento de la realidad del mar y pretender gobernarlo desde Madrid es un despropósito. Provoca la pérdida de oportunidades, de financiación y subvenciones europeas, la parálisis de planes de I+D+i y de proyectos punteros y avanzados que para el Gobierno central no son importantes y ante los que muestra un desligamiento absoluto sin que la Xunta mueva un dedo", criticó la diputada nacionalista.
La proposición también insta al Ejecutivo central a atender las demandas del personal de los centros del IEO, como la creación de una bolsa de empleo, el aumento de la inversión en investigación e innovación, la agilización de la aprobación de los proyectos y el diseño de un modelo actualizado, para lo que considera "necesaria la modernización en el sistema de gestión" y en la estructura del organismo. El BNG acusó al Gobierno central de "desinterés, cuando no una intención de desmantelamiento" de los institutos y justificó esto en que de las 25 plazas de convocatoria de personal de este año, ninguna es para Galicia.
El Parlamento gallego ya había aprobado en 2016 solicitar la transferencia de los oceanográficos de A Coruña y Vigo y Pardo acusó a la Xunta de no hacer "ninguna gestión eficaz ante el Gobierno del Estado".
La Cámara gallega también aprobó ayer instar a la Xunta a intensificar las labores de vigilancia contra el furtivismo en las zonas de mayor incidencia de esta actividad. La iniciativa, presentada por el PP, se refiere a los ámbitos de comercialización y restauración y hace alusión a las "fechas festivas", cuando los productos alcanzan un precio mayor en el mercado.
El PP gallego presentó otra iniciativa, también aprobada, para pedir al Gobierno autonómico que elabore un informe sobre el coste económico que puede suponer para las principales flotas pesqueras gallegas la obligación de desembarque que entra en vigor en 2019.
