El Gobierno dispone ya de vía libre para la aplicación de los presupuestos generales de 2018 y, probablemente, 2019 (si es que la sentencia del caso Gürtel, que condena a Bárcenas, Correa y otros -e incluso al PP- no modifica -como parece- los actuales apoyos y la propia estructura gubernativa). Goza, pues, de una relativa estabilidad, proporcionada en gran medida por la aportación -pequeña, pero efectiva- de los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a los que, en buena ley, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy Brey corresponderá en la medida establecida: euros y favores. Por ejemplo, no modificando para nada el actual estatus de la flota de bajura, que se beneficia de ese extraño concepto que se le aplica del reconocimiento de unos derechos calificados de "históricos" que permiten ventajas para los arrantxales vascos al tiempo que impiden que las flotas de otras comunidades, por ejemplo la gallega, pierdan capacidad pesquera por la carencia teórica de esos derechos que, por obra y gracia de la estabilidad del Gobierno, éste otorga a los barcos de pesca vascos.

Asturias y Galicia son las comunidades más perjudicadas, a pesar de que el contingente de pesqueros de bajura y la antigüedad de los mismos en el caladero Cantábrico Noroeste para nada desmerece del que se pueda adjudicar a los arrantxales. Pero con la aplicación de unos derechos sacados de la manga -que ya me gustaría saber qué harían los vascos en caso de circunstancia contraria- decenas de embarcaciones gallegas y asturianas se ven obligadas a reducir sus posibilidades de pesca -cuando no al amarre- para que las vascas dispongan de más capacidad de pesca hasta darse el caso de abandonar determinadas pesquerías porque se ven saturadas y las cotizaciones de sus capturas no producen el rendimiento inicialmente estimado.

Establecidos esos derechos históricos y habiendo apoyado el PNV al Gobierno en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por el beneficio que de tal aprobación depara a Euskadi, a ver quién es el guapo que, desde la secretaría General de Pesca, modifica tales prerrogativas y establece un reparto equitativo de los derechos de pesca para los barcos con base en puertos del Cantábrico y Galicia.

¿Salvará otra vez Portugal a los pesqueros gallegos?