Me pregunto, y no es la primera vez, si tanto la Administración central como la autonómica gallega han hecho lo que debían (si acaso, lo que podían) por el colectivo de marineros gallegos, entre otros, enrolado en buques de bandera noruega y que, desde hace unos años, van dando tumbos de uno a otro país para lograr que el Estado escandinavo -para el que han trabajado años y años- reconozca su derecho a percibir una pensión tan digna como la que perciben sus nacionales.

Madrid por un lado y Santiago de Compostela por el otro, echan balones fuera a pesar de que los respectivos Parlamentos han instado el Ejecutivo a mantener una postura firme y decidida para que Noruega reconozca los derechos de los marineros. Así, desde hace 18 años y sin que el Gobierno noruego tenga el más elemental gesto de comprensión hacia un grupo de trabajadores sin cuya aportación, desde los años 60 del siglo pasado, muchos de sus buques no podrían haber navegado por todos los mares del mundo como lo han hecho. Noruega, y hay que decirlo alto y fuerte, no reconoce sus derechos a la jubilación como marineros embarcados en su flota hasta el año 1994. Pero tampoco el Estado español reconoce ese tiempo de embarque a efectos del cómputo de la Seguridad Social.

Todo ello a pesar de que las arcas noruegas se embolsaron los impuestos que regían para ellos como trabajadores en empresas navieras de su país. Porque los trabajadores gallegos, como los de otras comunidades españolas emigrados a Escandinavia, abonaron tasas e impuestos como cualquier otro ciudadano de ese país. En mucho casos, por encima del 40% de su salario. Y ahora ni tienen derecho a la jubilación ni tampoco les devuelven las tasas abonadas y que no han podido disfrutar por esa aportación por cuanto su vida se realizó a bordo de un buque y no en tierra y sus salarios venían destinados a la familia que quedaba en Galicia. Es decir, ni prestaciones ni devolución de lo pagado.

Reivindican y gastan sus dineros en desplazamientos dentro y fuera de España. Lo suyo -lo de los exmarinos gallegos en Noruega- es, ahora mismo, la denuncia, la manifestación, las reuniones, etc. Muchos ya han quedado en el camino. Sus descendientes no tienen derecho alguno. El Parlamento gallego sabe de sus penurias, como lo saben también el Senado y el Congreso de los Diputados. Han clamado en Bruselas, Luxemburgo, Madrid y distintas ciudades gallegas, pero non nos entenden, non. Se hacen los sordos. Cuando se habla de derechos humanos miran para otro lado. Y el Estado español ni siquiera ofrece un compromiso de vínculo con sus problemas ante el Reino de Noruega. Dirán, supongo, que es cosa de Franco, que no mantuvo con el país nórdico vínculo alguno de correspondencia social. La Xunta ve correr el agua y no piensa en pensiones que no se adjudican y los afectados, por tanto, no cobran. Ve llover cuando, en realidad, están meando sobre nosotros.

Pero ya estamos acostumbrados. No somos vecinos, como ha dicho recientemente una diputada del BNG, vecinos de la Castellana o La Moraleja, ni siquiera forman -los exmarineros gallegos en Noruega- del Ibex-35. De ser así, unos y otros actuarían con más diligencia.