El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), expuso en el II Foro de los Océanos, que se celebra esta semana en Ginebra, el impacto que la actividad pesquera tiene en la realidad social y económica de España y puso como ejemplo a Galicia. La industria pesquera implica en la comunidad gallega de forma estructural al 79% de las actividades económicas, según los datos de un informe elaborador por la Universidade de Santiago (USC). Entre los sectores en los que incide, los investigadores destacan una amplia gama que va desde astilleros, a reparación, mantenimiento naval, los seguros y energía, entre otros, y también servicios administrativos, organizaciones empresariales y sindicatos.

Cepesca mostró los datos en ese foro, que persigue alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible y destacar el papel del comercio y las cadenas de valor de los productos pesqueros.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, destacó en el encuentro la posición de España en el sector de la Unión Europea, donde ocupa la primera plaza por volumen y valor de capturas y la tercera como generadora de empleo (31%). España es también un referente en sostenibilidad a nivel global de acuerdo al peso de su actividad en aguas internacionales. Los 192 barcos pesqueros de la flota española que faenan en aguas fuera de la UE aportan 521.625 toneladas de productos pesqueros (58%) de unas capturas totales de 898.000 toneladas.

Para mantener la competitividad, Garat aludió a unos factores claves, profundizando en el caso de la flota que opera en caladeros internacionales y en el de las empresas mixtas en terceros países. Uno de los pasos a dar, dijo, es garantizar la seguridad jurídica en estas zonas de pesca, trabajar siguiendo unas condiciones de igualdad en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) y defender los derechos históricos. Garat también indicó que es necesario asegurar el reconocimiento expreso de esas empresas en la Política Pesquera Común (PPC), establecer líneas específicas de financiación y garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.