La Guardia Civil incautó 45 toneladas de atún congelado en A Pobra do Caramiñal y en las provincias de Alicante, Murcia y Barcelona. La operación Atunali contra el fraude en el comercio de atún congelado se salda por el momento con cuatro personas investigadas por un delito contra la salud pública, fraude a los consumidores y falsedad documental. Se enfrentan a penas de uno a cuatro años de prisión.
La operación se inició en enero, cuando la Guardia Civil inmovilizó 10 toneladas de atún por no disponer de la trazabilidad necesaria para su comercialización. El Seprona determinó que los barcos utilizados no disponían del sistema necesario para congelar a temperaturas inferiores a -18ºC. Varias distribuidoras compraban este atún a un precio muy por debajo del valor del fresco. El Seprona averiguó que, tras descongelar el atún, la carne era procesada con aditivos en cantidades muy superiores a las recomendadas. Así, este pescado destinado a conserva, cuyo valor no llega a los tres euros por kilo, se vendía como fresco por hasta 14 euros el kilo.
