El furtivismo hace daño tanto dentro como fuera de Galicia. Su repercusión va mucho más allá de lo económico y puede incluso dañar la salud de los consumidores, ya que los recursos llegan sin pasar los preceptivos controles de calidad. Además de la práctica realizada por profesionales amparados por la oscuridad y a través de la intimidación o por el llamado furtivismo en bañador -el desarrollado por veraneantes en los arenales gallegos- también existe un tráfico internacional de estos recursos. Este es el caso de la mafia de la almeja lusa, una red de furtivos que introducían en el mercado gallego -y en otros puntos de España- grandes cantidades del bivalvo. Sin embargo, algo ha cambiado. Las autoridades de ambos países están desarrollando importantes operaciones para frenar esta actividad ilegal, pero fue Portugal la última en asestar un golpe importante con la caída de unos de los capos que controlaban la red.
Fue a mediados de marzo cuando llegaron al conocimiento de la opinión pública los primeros resultados de una operación entre España y Portugal. La Policía Nacional en aquella ocasión inmovilizó diez toneladas de almeja japónica capturadas por furtivos al otro lado del Miño. Se realizaron 19 entradas y registros y 20 inspecciones administrativas en las provincias de Pontevedra, Santander, Huelva y Guipúzcoa. Según aquel comunicado de las autoridades españolas, los furtivos vendían a 3 euros el kilo un producto que ya en el mercado legal alcanzaba los 12. Solo los 10.000 kilos intervenidos podrían alcanzar los 84.000 euros según el precio medio en las lonjas durante el año pasado.
Parte de la investigación surgió después de un registro en una planta depuradora en Portugal, como contaba la semana pasada el medio local Expresso. En aquella intervención los agentes encontraron muchas pruebas que indicaban el tráfico de la almeja a países como España, Italia o Francia. Todo parecía conducir a la siguiente pista.
La Policía Marítima de Portugal desarrolló, tan solo unas semanas después, otra operación de importante calado. Recogida al detalle por el mismo medio, explican -incluyendo fotos del operativo- que una mañana un grupo de agentes echó abajo la puerta de una lujosa residencia de la zona de Sesimbra, al sur de Setúbal y muy cerca de la capital portuguesa, Lisboa. En su interior localizaron evidencia suficiente de que su dueño era uno de los cabecillas encargados de exportar la almeja recogida ilegalmente en el río Tajo, una zona que habitualmente permanece cerrada al marisqueo por el mal estado del agua y del que, aseguran, se extraen toneladas de almejas cada semana.
El modus operandi
El modus operandi que seguía la trama iba desde la recolección de la almeja en el Tajo a su venta a los intermediarios en la propia costa. A través de empresas pantalla hacían negocio con otras firmas vendiendo el producto con un origen diferente al real. Incluso señalan que se les incorporaba un sello de calidad de origen gallego (y cántabro). Con ello llegaban a facturar millones en un año.
Pero no quedaba ahí la cosa. Si en Galicia los furtivos suelen ser sospechosos habituales -conocidos ya por los vigilantes, una realidad que instó la tipificación de la reincidencia como delito en el Código Penal en 2015-, en este caso la dimensión del furtivismo lleva incluso a incorporar mano de obra extranjera. En la zona del Tajo no es así: el Servicio de Extranjeros y Fronteras luso informó a finales del mes pasado que identificaron a 430 extranjeros y 215 portugueses trabajando de forma ilegal. En su mayoría procedían de zonas de Europa del Este y Asia, y el Servicio de Extranjeros y Fronteras identificó indicios de la existencia de víctimas de tráfico de seres humanos.
La megaoperación tuvo lugar en la playa de Samouco, en Alcochete, y en ella se precisó que los furtivos procedían de países como Tailandia, Nepal, Ucrania, Moldavia o Rumanía. Además, los agentes se incautaron en aquella jornada de 4.500 kilos de almeja.
