Tal vez por nuestro hábito como consumidores nos hemos olvidado de la realidad del sector pesquero y lo vemos con pasmosa tranquilidad.

Sin embargo, el presente de este sector es más que comprometido, y mucho más lo es su futuro.

En contadas ocasiones somos conscientes de la importancia socioeconómica de este sector básico en buena parte de Europa, pero, significativamente, en Galicia. Mucho más, evidentemente, en el seno de la Unión Europea, que es quien rige el ser o no ser de la pesca comunitaria en el camino de una transición a la pesca sostenible y a la diversificación de las economías costeras, algo que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) -vigente entre los años 2014 y 2020- pretende financiar introduciendo técnicas de pesca innovadoras, creando nuevas salidas para los productos del mar y mejorando la calidad de vida en las zonas costeras.

No va a ser fácil lograrlo, entre otras cosas porque las medidas que la Unión Europea impone a los países o comunidades pesqueras de su ámbito no parecen ser del gusto de los afectados -empresas armadoras, tripulantes, organizaciones medioambientalistas- debido a que, mientras para estos últimos prevalece la sostenibilidad, tripulantes y armadores buscan marcar el paso de los cambios a la pesca sostenible sin que esta implique la pérdida de su identidad pesquera.

Aunque en Galicia hacemos o intentamos hacer valer la condición de ser una comunidad pesquera y diferenciamos la pesca artesanal de la industria pesquera, la Comisión Europea parte de presupuestos divergentes y engloba en la industria todo tipo de pesca. De ahí que asuma sin cortapisas su condición de cuarta industria pesquera del mundo, con una producción que supera los seis millones de toneladas al año. Esta industria pesquera junto con la de transformación de sus productos dan empleo a más de 350.000 trabajadores, una masa humana lo suficientemente importante a la que, sin embargo, da la impresión de no tener en cuenta cuando se programan operaciones en las que priman los desguaces de barcos, aún a sabiendas de que esto genera desempleo, y el achatarramiento de buques en los que se han invertido capitales muy importantes que difícilmente se pueden recuperar con las ayudas previstas en los fondos comunitarios y, específicamente, los FEMP.

Garantizar la pesca sostenible, tanto económica como ambientalmente, es un objetivo que va a costar lograr teniendo en cuenta, como la propia UE reconoce, los intereses de los consumidores y las necesidades de los pescadores. ¿Va a ser posible compatibilizar ambos planteamientos?

La reforma de la política pesquera común, en vigor desde enero del año 2014, lo pretende. Pero no está claro que sea suficiente porque, aunque garantiza -teóricamente- el sustento de los pescadores y se afana en acabar con la sobrepesca y el agotamiento de las poblaciones de aquellas pesquerías que comercialmente interesan al sector, este no encuentra una vía que evite la sobrepesca si quiere la rentabilidad mínima de la empresa.

La conservación de las pesquerías no debe significar, de ningún modo, la desaparición de un sector del que, en la Unión Europea, viven cerca de medio millón de trabajadores y poblaciones enteras que, sin la pesca, desaparecerían.