Cinco buques de 90 metros de eslora equipados con cañones automáticos de 30 milímetros y dotados de helicópteros y drones. Ese era el plan trazado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Medio Rural (Defra) de Reino Unido, Michael Gove, para custodiar las aguas británicas tras el Brexit. Pero del papel a la realidad hay un largo recorrido, tanto que el propio Consejo de Cuentas del país (NAO, por sus siglas en inglés) considera imposible el despliegue de esta escuadra militar por aguas británicas antes del próximo 29 de marzo.
Con poco más de seis meses para sellar el acuerdo de salida de la Unión Europea y los términos del periodo transitorio, el Consejo de Cuentas considera improbable que el departamento encabezado por Gove -ferviente defensor del Brexit- cumpla con su compromiso de militarizar las aguas jurisdiccionales británicas. "En el caso de que no haya acuerdo [con la UE], el Defra no logrará alcanzar el nivel de control que desea para marzo de 2019", sentencia el órgano fiscalizador a través de un informe.
El Defra deberá asumir un gasto adicional de 13 millones de euros por el aumento de las horas de patrulla y las mayores necesidades de personal, a pesar de que los 350 millones de euros para la construcción de las cinco patrulleras corren a cargo del Ministerio de Defensa. Una nueva partida que, según prevé el Consejo de Cuentas, no contará con la financiación del Tesoro británico mientras que el departamento que dirige Michael Gove no presente un plan de negocio -todavía se encuentra en fase de desarrollo-. "Las dos actividades que requieren más tiempo son el reclutamiento y el entrenamiento de los oficiales de la marina", detalla el Consejo de Cuentas, que cifra en doce meses el periodo necesario.
El órgano fiscalizador británico arroja una sombra de duda sobre la capacidad del país para seguir funcionando en diversas áreas en el caso de que no se llegue a un acuerdo con la UE. El informe ve la luz, además, dos semanas después de los enfrentamientos entre buques británicos y franceses en aguas del Canal de la Mancha y apenas dos días después de que el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, se mostrase esperanzado de alcanzar un acuerdo antes del mes de noviembre. En el pacto se incluirían los términos de la salida -especialmente la factura que deberá abonar Reino Unido a la Unión Europea-, pero también del periodo provisional, que estará vigente hasta finales del 2020.
La búsqueda de una salida negociada con la UE tiene además otro argumento de peso. Un adiós abrupto abocaría al país a un vacío legal que pondría también en riesgo su posición en el comercio mundial. Según el Consejo de Cuentas, el Defra necesita negociar un total de 1.400 certificados sanitarios con 154 países ajenos a la UE para poder exportar allí todo tipo de alimentos. El Consejo de Cuentas advierte de que el foco se está poniendo, hasta el momento, en 15 países que representan el 90% de estos flujos, pero no se espera que logre completar "las negociaciones con los 139 restantes antes de marzo del 2019".
