Flexibilidad como concepto; pero también como objetivo. Es el planteamiento del ministro Planas al comisario Vella para cuestiones que afectan directamente a las distintas flotas pesqueras españolas como son la obligación del desembarque de capturas, los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y capturas para 2019, el impacto del Brexit o el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

A pesar de lo razonado del planteamiento, la Comisión Europea -salvo error u omisión- está muy atada a lo establecido en la Política Pesquera Común (PPC) que será de aplicación para todas las flotas a partir del 1 de enero de 2019 y difícilmente va a hacer concesiones por más que en el reciente encuentro entre ambos mandatarios -Planas y Vella- hubo acercamientos y promesas o entendimiento.

El ministro pretende fórmulas que permitan a las flotas y sus tripulantes continuar faenando de forma sostenible y encontró disposición del comisario a las recomendaciones conjuntas de los grupos regionales, lo que al parecer permitió algunas exenciones esenciales para los barcos españoles (no se dice cuáles son y cómo van a afectar a la flota, pero se asegura que las hay).

Planas quiere explorar disposiciones específicas en la regulación de los TAC y cuotas y se refirió a la flexibilidad entre especies, las cuotas de capturas accesorias o unas condiciones especiales para garantizar la obligación de desembarque. Para ello enarboló la bandera de la sostenibilidad de los recursos sin que comprometa la viabilidad económica del sector (difícil papeleta con los postulados de la PPC).

Planas también pidió flexibilidad en las negociaciones de TAC y cuotas para 2019. Ser flexible, para evitar una situación de "estrangulamiento" en especies para las que las cuotas para España estén fijadas en niveles insuficientes, que es como pedir atención especial para la inmensa mayoría de pesquerías. El ministro plantea la conveniencia de que los rangos de mortalidad por pesca (que aseguren un Rendimiento Máximo Sostenible) se puedan usar también para las pesquerías del suroeste, especialmente en el caso de la merluza, y demanda la intervención del sector, los estados y la Comisión para presentar alternativas, cuando menos este año, por el impacto del fin de los descartes y el Brexit.

No es poco lo que pide el ministro; pero el que no llora, no mama.

Lo que uno no sabe es hasta dónde Karmenu Vella puede prometer flexibilidad cuando es la propia CE la que fija las reglas del juego.