El Gobierno de Theresa May se había comprometido a desvelar sus planes en materia pesquera para la era postBrexit antes de final de año. Decidió publicarla ayer, con las negociaciones con Bruselas en stand by y sin haber descartado todavía una desconexión de la Unión Europea sin acuerdo. La propuesta -deberá ser sometida a dos lecturas más en la Cámara de los Comunes, y pasar a la de los Lores- confiere al secretario de Estado de Medio Ambiente, cargo que ostenta hoy el euroescéptico Michael Gove, la posibilidad de vender año a año los derechos de pesca que no utilicen los buques de pabellón británico en el caladero de Gran Sol.

Y será mediante un proceso competitivo, al mejor postor. "La intención es que este esquema se utilice para ofrecer una parte de las posibilidades de pesca que se ganarán con la salida de la UE", dice el llamado Fisheries Bill, al que ha tenido acceso este diario. Aunque el articulado del proyecto asegura que no pretende "ceñirse solo sobre la base del precio", el primer punto de la propuesta dice lo contrario: "Los reglamentos pueden incluir disposiciones para vender los derechos de pesca mediante licitación competitiva o subasta".

El apartado que concierne a las posibilidades de pesca es limitado, y no establece cómo serán las negociaciones -aparte de que los repartos serán anuales- o si apuesta por la bilateralidad con Bruselas. Será en todo caso un sistema complicado habida cuenta de que Gove dará potestad para conceder cuotas a los Gobiernos de Escocia, Gales, Irlanda del Norte y el departamento de pesca londinense (Marine Management Organisation, MMO). Si los permisos de pesca los aceptan los mandatarios escoceses, éstos no serán válidos para faenar fuera de aguas escocesas, y si éstos se conceden desde la MMO no servirán para los demás territorios.

Para los buques de pabellón británico se mantendrá el equal access objective, que permite su actividad independientemente del puerto base. Cualquier modificación del sistema de reparto deberá ser validada por los parlamentos regionales. El Fisheries Bill regionaliza también el poder punitivo, que irá desde las 50.000 libras -por entrar en aguas británicas sin permiso y faenar en ellas-, un proceso judicial, el decomiso del pescado de las bodegas o el pago del valor de la mercancía.

"La Política Pesquera Común ha dañado la industria pesquera del Reino Unido y sus preciosas pesquerías. El proyecto de ley dará como resultado una industria pesquera sostenible, con mares saludables y un trato justo para los pescadores del Reino Unido", enfatizó Gove en un comunicado aplaudido por los brexiters de Escocia o los agitadores del colectivo Fishing for Leave.