Decíamos recientemente que la flota pesquera gallega se despoblaba a pasos agigantados de tripulantes de esta comunidad, al tiempo que los armadores contratan marineros de otras nacionalidades. Este último dato lo ratifica un lector: "Entre los pincheiros solo veo indonesios; en la volanta, buen número de portugueses; en el arrastre, poco falta para ver mayoría de ciudadanos africanos... Toda esta gente, naturalmente, tiene derecho a trabajar pero, sobre las condiciones de trabajo, creo que hay mucho que escribir".

Este es también el sentir de las organizaciones profesionales que, como Aetinape, consideran que la falta de relevo generacional es una cantinela usada por determinados armadores empecinados en no disponer de tripulaciones de relevo para sus barcos, en usar embarcaciones inadecuadas en el siglo XXI y, sobre todo, en romper el sistema de formación profesional vigente y mantener los contratos verbales, causa por la que, cuando se hace repaso a las condiciones de trabajo en el sector pesquero, el resultado recoge casi siempre la existencia de puestos de trabajo de difícil cobertura cuando la realidad puede ser que tales puestos están perfectamente cubiertos por trabajadores que no causaron alta en la Seguridad Social. Induce a pensar, obviamente, en la existencia de ilegales en la pesca, algo que niegan los armadores y que el ISM no constata.

¿Por qué, entonces, discrepan las organizaciones profesionales y las de armadores en cosas de tan vital importancia para un sector que, por estar vivo, lo están matando la escasez de cuotas y los repartos indebidos de las que la UE otorga a España y el Gobierno no acaba de definir? ¿Muere de éxito el sector?

Aquí, entre los trabajadores de la mar, no hay rechazo a la contratación de mano de obra extranjera; pero sí el temor a que exista una especie de dumping por el cual a cierto sector de la patronal le resulta más conveniente hacer creer que los profesionales gallegos rechazan su contratación para así tener acceso directo a trabajadores extranjeros con condiciones más precarias para los contratados y menos cargas sociales para la empresa, a la vez que con salarios inferiores que facilitan tal contratación.

Nadie, que se sepa, denunció estas cuestiones. Pero esta práctica fue denunciada en tiempos no muy lejanos por las organizaciones sindicales, realizada incluso con trabajadores comunitarios oficialmente con idénticos derechos que los que corresponden a los nacionales.