La prohibición de cortar aletas de tiburón a bordo de buques de la flota comunitaria lleva en vigor desde 2013. Bruselas intenta, desde ese año, que la norma se extienda al resto de flotas palangreras del mundo al presentar la propuesta en las distintas organizaciones regionales de pesca (ORP) en las que figura como parte contratante. La que mayor importancia tiene para el palangre de la comunidad es la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat, por sus siglas en inglés). Allí, la Comisión Europea lleva cinco años encontrándose con un muro: los países asiáticos vetan constantemente la propuesta. Desde ayer se celebra en Croacia la reunión anual de la comisión y el sector pesquero gallego ya teme un nuevo fracaso, lo que seguirá "lastrando la productividad de la flota" frente a sus competidores al incrementar los gastos por buque y al reducir la capacidad de sus bodegas.

La norma surgió con la intención de evitar la práctica conocida como finning, que consiste en la separación de las aletas del cuerpo del tiburón, deshaciéndose así de este último y quedándose con un reconocido manjar en el mercado asiático. La flota bramó en su momento contra la normativa y se lamentó después cuando comprobó el daño que hizo al sector. Según había planteado la eurodiputada gallega Ana Miranda a la Comisión en una pregunta parlamentaria, solo en Galicia se llevaron a desguace un total de 32 palangreros entre 2014 y 2015. Pese a ello, Bruselas se negó a dar un paso atrás (como señaló el comisario de Pesca Karmenu Vella en respuesta a aquella pregunta en 2015) y apostó por intentar extender la norma.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en la reunión de la Iccat, que se celebra en Dubrovnik (Croacia) desde ayer y hasta el próximo día 19. El sector palangrero gallego vivirá (por primera vez en muchos años) un encuentro tranquilo en lo relativo a sus pesquerías al no toparse en tela de juicio ninguna de sus especies: pez espada, tintorera o marrajo. Sin embargo, asisten con el convencimiento de que Bruselas volverá a fracasar a la hora de convencer al resto de partes contratantes de prohibir el aleteo (cercenamiento de las aletas).

"Es cierto que cada año van creciendo las firmas y a ver si de esta se desencalla, pero es muy complicado por la oposición asiática", explica el presidente de la Organización Palangrera Guardesa (Orpagu), Joaquín Cadilla. A su juicio, los representantes de los países asiáticos "volverán a presentar los mismos argumentos de siempre" y escurrirán el bulto una vez más. Una opinión similar a la que tiene el gerente de los Armadores de Marín, Juan Martín Fragueiro, que da por seguro que "la propuesta de aletas adheridas un año más tampoco va a salir".

Situación del atún patudo

Por otro lado, la reunión de Iccat tendrá como temas principales la situación del atún rojo y la del atún patudo. En este último caso, la comisión ya explicó en verano a través del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas que el recurso está sobreexplotado, por lo que plantea restricciones a su pesca para el próximo año.

La flota atunera española, a través de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), expresó su preocupación ante la posible adopción de una nueva medida de gestión del atún patudo en el Atlántico por parte de Iccat. El organismo afirma que la reducción de capturas de esta especie tendrá un alto impacto en otras que también son objetivo de los pesqueros, como el rabil o el listado, ya que en la mayoría de lances de pesca capturan estos tres tipos de atún.

La Orpagac calcula que una reducción del 20% de las capturas de patudo (en torno a las 6.000 toneladas) representaría unos daños colaterales de unas 54.000 toneladas de rabil y listado que las embarcaciones dejarían de pescar. Esta disminución también redundaría en unas pérdidas económicas de, al menos, 80 millones de euros, y si la Comisión limitara la actividad de los pesqueros supondría la destrucción de más de 500 empleos directos.