Si el gabinete de Theresa May y el parlamento británico validan el acuerdo alcanzado entre los equipos de negociación de Bruselas y Londres para la ejecución del Brexit, la flota gallega que opera en aguas británicas podrá mantener un statu quo similar al actual. Esto es, no habrá cierre de fronteras y se permitirá a los buques operar en sus caladeros a cambio de que las materias primas, elaborados de pescado y conservas circulen libremente por Europa. Es lo poquísimo que ha trascendido del acuerdo -de un documento de 500 páginas- tras una filtración al diario The Times. Reino Unido "tendría que aceptar un vínculo entre el acceso de los productos y la pesca en futuros acuerdos". Y esta aparente nimiedad es la que ha enervado a los llamados brexiters (favorables a la desconexión), que han amenazado a May con adelantar su KO político, y alivió en parte al sector pesquero gallego.

"Hay que esperar a leerlo, porque de momento todo lo que se está oyendo son rumores. Debemos mantener la calma, pero podemos celebrar que por primera vez se fije un vínculo entre la pesca y el acceso a los mercados", expone el miembro español de la Alianza Pesquera Europea (EUFA, por sus siglas en inglés, formada por la industria de nueve países), Iván López. "Viendo la reacción de algunos no se presume tan malo para nosotros", ahonda. Se refiere el -también- armador gallego a colectivos como Fishing for Leave, que lanzó un ataque furibundo contra un documento que consideran una "traición", o a los trece diputados tories (conservadores) de Escocia, que ayer remitieron una carta al número 10 de Downing Street para desmarcarse del texto. "El acceso a las cuotas no puede incluirse dentro de un futuro acuerdo económico. No podemos permanecer dentro de la Política Pesquera Común después de diciembre de 2020", reza la misiva, que ayer removió Londres y convirtió la negociación pesquera en cuestión de Estado.

Incógnitas

Lo cierto es que, de momento, la pequeña filtración del documento no exhibe de qué modo se canalizará el acceso a los caladeros a cambio de que Reino Unido se mantenga en el mercado único, más allá del hecho de que este market without borders (mercado sin fronteras) excluya la posibilidad de aranceles. Los que tendrían que pagar, por ejemplo, los armadores gallegos que operan en Malvinas por dar entrada a sus capturas dentro de la Unión Europea con un Brexit duro (sin acuerdo). Porque, además, la futura relación pesquera entre Europa y Reino Unido no se empezó a debatir. "Esto es una maratón y falta mucho todavía", resume López.

Lo que pretenden los brexiters, y es la esencia del proyecto de ley del ministro euroescéptico Michael Gove -el llamado fisheries bill-, es que el sector pesquero no forme parte de la unión aduanera y, por tanto, que flotas como la gallega no tengan ninguna garantía de poder acceder a pesquerías de Gran Sol, por ejemplo. A cambio, como avanzó Financial Times, se comprometerían a negociar los derechos de pesca "de buena fe" con los países europeos. Pero eso no es lo que, a priori, pactaron los negociadores de Theresa May y Michael Barnier.

El fisheries bill incluye la posibilidad de vender año a año los derechos de pesca que no utilicen los buques de pabellón británico dentro de las 200 millas que quedarán bajo su control. Y fija, además, un sistema de proceso competitivo al mejor postor. "La intención es que este esquema se utilice para ofrecer una parte de las posibilidades de pesca que se ganarán con la salida de la Unión Europea". Aunque el articulado del proyecto asegura que "no pretende ceñirse solo sobre la base del precio", el primer punto de la propuesta dice lo contrario: "Los reglamentos pueden incluir disposiciones para vender los derechos de pesca mediante licitación competitiva o por subasta".