El mar, además de ser la más importante vía para el tráfico comercial legal e ilegal, es también la más importante despensa para la pesca (asimismo legal e ilegal) de la que se nutre buena parte de la humanidad.

Pero es también, y de modo más que evidente en el Mediterráneo y parte del Atlántico noroccidental, el mayor cementerio de personas migrantes que, desde distintos países africanos, buscan en la para ellos idílica Europa una vía de salvación. Perseguidos, amenazados, víctimas de guerras étnicas -incluso de carácter religioso- encaminan sus pasos al norte, siempre al norte. Llegan a depositar sus vidas en las manos de verdaderos piratas -ahora contrabandistas- que a cambio de unos centenares de euros les prometen el paraíso de España, Italia o Grecia y convierten el mar en un cementerio inmenso en el que, en los últimos treinta años, han quedado miles de cuerpos exhaustos por la lucha contra las olas.

Pretenden llegar a una Europa que no los quiere. Una Europa que, en buena medida, los considera una amenaza para su bienestar, aunque, como en el caso de España, su población se reduzca a pasos agigantados.

El Mediterráneo es el reto. Lo es también el Atlántico. En ambos casos, España e Italia, y en menor medida, Grecia y Malta, son las fronteras naturales de una Europa que poco o nada quiere saber de emigración, sea esta legal o ilegal. Lo demuestran a diario los gobiernos y es paradigmático en este caso el italiano, empecinado en que ni siquiera buques con bandera reconocida internacionalmente puedan ejercer en la mar ese compromiso solidario de rescatar a los náufragos.

Está reciente la publicación de las conclusiones por la fiscalía de Ragusa (Italia) de la investigación que hay en marcha sobre el capitán y la jefa de misión del buque Open Arms por los hechos acaecidos el pasado 15 de marzo. Y a pesar de que el juez instructor de la causa dictó en mayo la liberación del barco por carecer de fundamentos y fue posteriormente ratificada por el tribunal competente, la investigación se ha resuelto con una nueva acusación de favorecer a la inmigración ilegal y de violencia privada por daños hacia el Ministerio del Interior italiano.

La persistente criminalización de las organizaciones humanitarias en los últimos años tiene, según la organización Open Arms, el claro objetivo de eliminar "todos los testimonios incómodos que señalan y denuncian las violaciones de los derechos humanos en el mar Mediterráneo".

Se lanzan graves acusaciones hacia personas de esa organización y, sin embargo, se mantiene un absoluto silencio respecto a las sistemáticas violaciones de las convenciones internacionales a las que los Estados están suscritos y que deberían cumplir. No se entiende que, en lugar de que prime la defensa del derecho más básico de las personas rescatadas a ser desembarcadas en el puerto seguro más cercano, sean los rescatadores los acusados de lo devolverlos a las autoridades libias y, por ende, a la violencia y los abusos constatados y denunciados por instituciones como Acnur y las Naciones Unidas.

Open Arms denuncia las políticas de criminalización que se están desarrollando hacia las organizaciones humanitarias no gubernamentales que desde hace años luchan por la defensa de los derechos humanos, recogidos estos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.