Greenpeace denunció que al menos 80 municipios de todas las provincias costeras españolas siguen vertiendo aguas residuales a pesar de que se cumplió el primer plazo de la multa de 12 millones impuesta hace seis meses por la Unión Europea a España por incumplir la normativa de depurar aguas residuales. "Los municipios sancionados aún no se han puesto al día", asegura la ONG, que señala que España seguirá pagando "multas millonarias" hasta 2022.
