La flota arrastrera gallega que faena en aguas españolas perderá hasta casi un 15% de sus ingresos por la normativa de descartes comunitaria. La obligación de llevar a puerto todas las capturas, aplicado desde el pasado 1 de enero, tendrá este efecto "a corto plazo" sobre las empresas armadoras, lo que además puede llevarlas a "un proceso de concentración". Así lo recoge un estudio compartido en la publicación especializada Science Direct, realizado por investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO). "Los precios no compensarán la caída en producción", apuntan en el texto.

Según refleja el estudio, la normativa "contribuirá a reducir los descartes, pero también provocará (al menos) una reducción a corto plazo en los ingresos" de las armadoras. Así, estiman una pérdida que va del 14,5% "en el peor escenario" al 5,3% en el "más favorable". Además de suponer un mayor trabajo a bordo (tareas de selección y almacenamiento) y un menor salario para la tripulación por el bajo coste de estas especies de poco interés comercial (debido al pago en función del valor de las capturas), el "impacto principal" de la norma está en la reducción de las cuotas.

"Los pescadores deben sacrificar 35,8 euros de valiosas capturas por cada euro pagado por capturas no deseadas", indican los investigadores. Para este cálculo tienen en cuenta que los descartes se pagan a una media de solo 5 céntimos el kilo, cuyo destino final es convertirse en harina o aceite de pescado.

El investigador Gonzalo Rodríguez, del equipo de Economía Pesqueira de la USC, lideró este estudio nacido tras el proyecto Life Iseas junto a su compañero Hugo Ballesteros y los expertos del IEO Julio Valeiras (de Galicia) y Jose M. Bellido (de Murcia). A su juicio, una de las medidas que se podrían tomar para conseguir sacar partido a los descartes es que "se puedan utilizar para el consumo humano". "No tiene sentido que se pesque para hacer harina, sobre todo en un mundo tan necesitado de alimento", manifiesta Rodríguez.

En el texto se recoge que es necesario "un proceso de aprendizaje progresivo y de adaptación" a la norma. "Además es necesario hacer una promoción para aumentar el consumo humano de determinadas especies", señala Rodríguez, que apunta también que se debe tomar como ejemplo las "experiencias de los países nórdicos, en el que la idea principal es una aplicación pragmática que no provoque las pérdidas" al sector.

El experto señala que "probablemente" los armadores tiendan a localizar otras zonas con menos presencia de descartes o empleen otras redes y tecnologías que les ayuden en sus faenas. "Pero quizá también haya concentraciones de empresas", comenta Rodríguez, que recalca que las armadoras "no tienen en este momento un margen muy grande y van a notar los efectos de la normativa". "Debería tenderse a un punto en el que se facilite que los armadores no pierdan dinero", resume.