Puede que la acción conjunta de la Xunta y el Gobierno central haga ver a la Comisión Europea (CE) que la comercialización en las lonjas de las cofradías de pescadores gallegas de algunas especies de talla antirreglamentaria no puede ser tipificada como pesca ilegal no declarada y no reglamentada (IUU) por más que ese organismo comunitario intente ligar el hecho con la inadmisión de las ayudas que los pósitos españoles reciben tanto de los entes autonómicos como del Estado.

Comparar la comercialización de algunos ejemplares de talla antirreglamentaria -un hecho verdaderamente residual en las lonjas gallegas, en las que habitualmente se trabaja con grandes volúmenes de marisco- con la acción sistemática de aquellos que hacen de su trabajo en la mar un continuo acto de saqueo de aquellas especies que, económicamente, son más rentables parece, cuando menos, fuera de lugar. Pero es que, por si fuese poco el planteamiento de la CE, es el propio Gobierno español el que tipifica como infracción grave esa comercialización a pequeña escala que en las lonjas resulta sumamente difícil poder evitar.

Por esto, que el Gobierno se sume a la reclamación de la Xunta en las gestiones relacionadas con la normativa que obliga a inadmitir las ayudas a las cofradías de pescadores por lo que no es sino una bagatela, no puede ser calificado sino como un tratar de reconducir la situación porque está muy reciente la negativa de tales ayudas a media docena de pósitos y operadores gallegos a los que se negó toda posibilidad de recibir ayudas para dotarlos de seguridad, con los graves perjuicios sociales y económicos que de ello se derivan tanto para las entidades como para los propios trabajadores afectados, que se verían abocados a la pérdida de sus empleos.

La Consellería do Mar ha dado el primer paso para aclarar a la Comisión Europea que no se trata de pesca ilegal no declarada y no reglamentaria. Y ahora se suma el Gobierno central a este planteamiento. Pero una de las cuestiones que el propio Estado debe acometer cuanto antes es la modificación de su Ley de Pesca Marítima, causante de estos y otros muchos trastornos que sólo la administración central puede asumir.