Las cofradías de pescadores, órganos en muchos casos auxiliares de la administración autonómica gallega, asumen responsabilidades que, como concesionarias de determinadas licencias marisqueras, no dudo les corresponden; pero también reconozco que tengo muy serias dudas en torno a sus obligaciones de mantener un servicio de control y vigilancia de áreas marítimo-terrestres que, en cualquier caso, son responsabilidad de la Consellería de Pesca. Estas dudas provienen, sobre todo, de la extraordinaria dependencia que de los fondos económicos procedentes de la Xunta y destinados a contratar la vigilancia de esas parcelas tienen los pósitos para hacer frente a esa obligación de pago.

No es la primera vez que, en el Parlamento de Galicia, los diputados reclaman a la Xunta que agilice los pagos a las cofradías de modo que estas puedan contratar la vigilancia contra los furtivos. Y, estoy seguro, no será la última vez que tal reclamación se presente en Comisión o en el plenario de la cámara autonómica.

La carencia de esas ayudas por el retraso en su pago es una constante en Galicia. Se evidencia, por ejemplo, en la situación en la que se encuentran pósitos como los de Carril, Rianxo, Lira, Malpica, etc., que se ven „como otros„ en la necesidad de imponer expedientes de regulación de empleo (ERE) porque esas corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro carecen de los recursos necesarios para hacer frente a las tareas de vigilancia que, por otra parte, la Xunta no asume en su totalidad. Es más: las cofradías se ven en la obligación de adelantar unos recursos „de los que, repito, carecen„ para atender al pago de unos salarios, Seguridad Social, etc., de trabajadores contratados como vigilantes o guardas jurados cuyo único medio de vida es el que las cofradías les proporcionan. Ese pago se adelanta, y los pósitos no tienen ni la más mínima garantía ante el compromiso de disponer de recursos financieros futuros con los que hacer frente al desembolso realizado. Porque la garantía, extraoficialmente, la otorga la Consellería en base a sus propios presupuestos, pero estos hay que aprobarlos año a año y la distribución a cada cofradía se renueva también anualmente. Como recordaba hace un par de semana en Comisión la portavoz de Pesca del Grupo Socialista, Loli Toja, las cofradías "carecen de capacidad financiera para adecuarse a las tramitaciones" que requieren las ayudas de la Unión Europea, y estas son, además, con carácter vencido, obligando a adelantar los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social hasta tanto la Xunta no resuelve, lo que aboca a los pósitos a tomar medidas como la de aplicar ERE a sus trabajadores.

Debo reconocer asimismo que desconozco el motivo por el que la Consellería do Mar no agiliza esos pagos, cuando estos, para la administración autonómica, están garantizados por la UE.

Son muchas las cofradías que, en estos momentos, pasan por graves situaciones derivadas de la falta de recursos económicos. Y todo depende de la Xunta. Parece que esta no siente la más mínima preocupación por el cierre de esas entidades colaboradoras sin las cuales buena parte del entramado administrativo que afecta a la pesca y el marisqueo se vendría abajo con el consiguientes casos para una comunidad autónoma en la que viven miles de familias que dependen del mar.