13 de julio de 2019
13.07.2019

40.000 trabajadores, una solución

12.07.2019 | 22:12

El sector pesquero español reclama al Ministerio de Trabajo la exención de la obligatoriedad de fichar a bordo de los buques. Esta obligación se contempla en el Real Decreto Ley 8/29 del pasado 8 de marzo y afecta, teóricamente a los más de 40.000 tripulantes de los casi 8.000 buques de pesca de todas las modalidades que componen la flota nacional española. El sector se ha reunido con Ángel Allué Buiza, director general de Trabajo, a quien ha presentado argumentos jurídicos por los que debe considerarse a la pesca excluida del ámbito de aplicación del indicado Real Decreto.

Es prácticamente imposible el cumplimiento de esa obligación, teniendo en cuenta las peculiaridades e imprevisibilidad de la actividad pesquera, sujeta a factores tan diversos y de difícil control como los meteorológicos o la situación de la propia actividad. El director general de Trabajo ha manifestado su voluntad de estudiar los argumentos jurídicos planteados y analizar si el sector puede ser excluido.

Lo que llama la atención es que se haya redactado el mencionado Real Decreto sin tener en cuenta las especificidades de la pesca de bajura, de altura y gran altura, que imposibilitan la aplicación del decreto: la jornada de trabajo es ajena a la facultad de dirección de la empresa e incluso del patrón (hay trabajo cuando hay pesca); el sistema de retribución a la parte en la mayoría de los casos, donde el trabajador obtiene sus ingresos en función de los beneficios de la venta de las capturas, que son repartidos entre el empresario o armador y los tripulantes; que los trabajadores permanecen en el centro de trabajo todo el tiempo, aunque no trabajen, o la existencia en España de normativas diferentes que establecen los horarios de pesca de cada modalidad.

¿Desconocían estos detalles los redactores del Real Decreto Ley 8/29 de 8 de marzo pasado?

Si es así, resulta incomprensible. Pero imagino que la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la Unión Nacional de Cooperativas del Mar (Unacomar), que representan a la práctica totalidad del sector extractivo español lo habrán dejado bien claro.

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