Por si fuesen pocos los problemas derivados de las restricciones que la Unión Europea aplica a las distintas pesquerías de interés económico (y social) para las distintas flotas registradas en la comunidad gallega, son ahora en buena medida las acciones y omisiones de armadores, patrones y tripulantes de esas flotas las que añaden cortapisas a la actividad extractiva y, por tanto, a los beneficios económicos que de esa actividad cabría esperar. Por ejemplo, en la pesquería de la cigala, especie que la autoridad comunitaria se empeña en demostrar que raya la sobrepesca y aplica sobre ella constantes prohibiciones que lograr una merma permanente de las posibilidades de captura que, sin duda, existen.
Hay cigala. Y la evidencia de que es así se demuestra en el día a día de las flotas de cerco y arrastre litoral, que la capturan abundantemente con los pelágicos y a pesar de intentar evitarla. Barcos del día podrían dar fe de todo ello, con capturas de cerca de una tonelada en la zona VIIIc del caladero nacional Cantábrico Noroeste, de no ser que lo capturado se está vendiendo "en negro", es decir, no se declara, a pesar de ser malvendida, con precios que en ocasiones ni siquiera alcanzan los 20 euros el kilo del recurso.
Son representantes del propio sector los que denuncian el hecho. Por un lado, para intentar que los inspectores comunitarios realicen adecuadamente su trabajo a bordo de los propios barcos de pesca y constaten, como lo hacen los pescadores, que hay abundancia de cigala y que, siendo así, la UE, a través de la CE, debe poner orden y concierto en un sector que, desde hace muchos años, ha perdido el norte. Aprovechándose de ello, la ganancia para algunos pescadores es indudable, si bien la mayoría de los profesionales han de contemplar con asombro cómo ciertos armadores pasean su bonhomía en soberbios coches de alta gama mientras ellos han de conformarse con los vehículos adquiridos hace 12, 15 o más años que deben pasar la ITV anualmente.
¿Problema? Demostrarlo. Pero un exhaustivo control de las lonjas, especialmente de aquellas no autorizadas para recibir desembarcos concretos y en horas no reguladas por la autoridad de la Xunta, podría poner blanco sobre negro lo que ocurre y las enormes pérdidas económicas que se están produciendo en el sector pesquero de una Galicia que tiene demasiadas vías de agua por el eje de cola.
Resumiendo: la Comisión Europea pone trabas, pero las más importantes nacen en puertos gallegos, con incumplimientos flagrantes y silencios ominosos que hacen que parezcan culpables de todo ello los que callan por miedo, por respeto o por la incertidumbre que les embarga.
