Una campaña llena de mentiras ha llevado a los ciudadanos británicos a un referéndum „celebrado el 23 de junio de 2016„ que desembocará inexcusablemente en un divorcio que culminará, tal y como está todo previsto, el 31 de enero de 2020. La ley para la salida de la UE tratará de impedir que la transición del Brexit se prolongue más allá de ese año 2020. Es, exactamente, el plazo que la UE o los Estados miembros de esta que opten por negociar un nuevo acuerdo pesquero se pongan manos a la obra. De cualquier manera, la flota española „esencialmente la gallega„ tiene ante sí un panorama poco favorable: al hecho de tener que negociar para poder pescar en aguas británicas, ha de sumarse la obligación de generar expectativas comerciales lo suficientemente atrayentes como para poder disponer de medios o sistemas de enlace por avión con aeropuertos españoles en los que descargar las capturas embarcadas en puertos británicos.
Habrán de actuar los armadores españoles unidos, sumamente unidos. Del mismo modo si quiere seguir escribiendo „como es su deber„ la historia de la pesca en el Atlántico Norte (donde playas, bancos de pesca e incluso peces tienen nombres gallegos). El blindaje del período de transición de un máximo de 12 meses que el Reino Unido se ha marcado, ha de ser aprovechado para negociar las nuevas líneas que enmarcarán la también nueva relación entre la isla y el continente. Y, desde luego, un acuerdo comercial en el que la pesca no juegue un papel descafeinado, porque tampoco lo será para la Unión Europea „especialmente para España y, en particular, Galicia„ a la vez que en el futuro inmediato establecen los medios necesarios para, en el futuro inmediato, disponer del que será la vía del entendimiento interesado y que no es otra que ese citado acuerdo comercial.
Que el tiempo apremia es evidente. Hasta el 31 de diciembre de 2020 permanecerá el Reino Unido en la estructura del mercado único y en la unión aduanera. De ser necesario y si así se acuerda antes del 1 de julio próximo, el matrimonio que todavía rige entre el Reino Unido y la UE se podría ampliar hasta dos años más.
Un documento del Gobierno británico dado a conocer el pasado verano, llamaba la atención en torno a la posibilidad de que el Reino Unido, con tan solo 12 buques guardacostas, pudiese realizar un control de sus propias aguas para que estas no se viesen invadidas por embarcaciones que realicen pesca ilegal. Los pescadores franceses, por su parte, también han advertido de que boicotearán a los británicos si se ve restringido su acceso a las aguas británicas. Queda por conocer la respuesta de la flota española en su lucha por la supervivencia en un caladero como el que ahora debe regir exclusivamente el Reino Unido, teniendo en cuenta los precedentes creados por las patrulleras inglesas en sus acciones contra los barcos de pesca fundamentalmente con base en puertos de Galicia. Conviene recordar que el propio Boris Johnson decía recientemente que su país "ya no tendrá que seguir los dictados de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) y se convertirá en un Estado costero independiente" y añadió que "por primera vez en 40 años será libre de decidir quién puede acceder a las aguas británicas y en qué condiciones".
Los pesqueros comunitarios no tendrán „salvo acuerdo a suscribir„ acceso automático a los bancos de peces existentes en aguas del Reino Unido. Únicamente estarán autorizados a descargar en los puertos que estipule la Comisión de Pesquerías del Atlántico Norte (Neafc), cuestión que dificultaría y mucho el desembarque de las capturas realizadas en aguas británicas, previa entente al respecto. Este desembarque se realiza hasta ahora merced a la utilización de transporte frigorífico desde el puerto a los aeropuertos convenidos y de estos a los españoles en Vitoria y Zaragoza para, posteriormente, distribuir las capturas a lonjas como por ejemplo las de A Coruña o Vigo mediante el uso de camiones frigorizados.
No será la primera vez que los inspectores de pesca británicos tachen de "piratas" a los pescadores gallegos, con aplicación de sanciones no siempre justificadas. Ni siquiera se ha descartado la posibilidad de la inclusión de estos pesqueros en la lista negra de los que practican pesca ilegal (IUU). Será, por tanto, para los gallegos, un nuevo calvario administrativo y de estrategia: lo más probable es que se les exijan, por ejemplo, todo tipo de documentación. Entre esta, sanitaria, certificados de capturas, inspección fronteriza, etc. Y, a pesar de que las aguas británicas solo otorgan a la flota de Galicia alrededor de 10.000 toneladas „el resto del pescado procedente de las islas ha sido descargado en Irlanda o Escocia„ no se pierde su referencia debido a la respuesta de rechazo a esa misma problemática británica por parte de las flotas de Francia, Holanda o Bélgica en, por ejemplo, el caladero nacional Cantábrico Noroeste.
