10 de marzo de 2020
10.03.2020

La hora de la verdad

09.03.2020 | 21:29

La información facilitada por este periódico relativa a la posibilidad de que la administración deje de subvencionar el gasóleo que consumen los barcos de pesca, ha sembrado la alarma en el sector. Hasta tal punto es así, que ya son muchos los que vaticinan un desguace masivo de barcos en la comunidad gallega. Y los que no se desguacen, se dice, irán camino de la exportación.

La información facilitada por este periódico relativa a la posibilidad de que la administración deje de subvencionar el gasóleo que consumen los barcos de pesca, ha sembrado la alarma en el sector. Hasta tal punto es así, que ya son muchos los que vaticinan un desguace masivo de barcos en la Comunidad gallega. Y los que no se desguacen, se dice, irán camino de la exportación.

En este dislate coinciden, caso curioso, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las organizaciones no gubernamentales que tienen en sus postulados la crítica permanente a este tipo de ayudas que, para la OMC es un subsidio "dañino", conscientes no obstante de que, de no producirse la citada subvención, la pesca en Galicia sería irrentable y, por lo tanto, inviable, con su secuela de pérdida de empleos y daños muy importantes para la economía de un país, Galicia, que basa en la pesca buena parte de su existencia como pueblo.

Quiero pensar que lo que el Gobierno pretende no es tanto dejar de subvencionar el gasóleo-pesca como tratar de regular las potencias desorbitadas de la mayoría de la flota pesquera, subvencionando en la parte que corresponda el consumo derivado de un caballaje real y no modificado por el armador a su conveniencia para poder pescar más mediante esa potencia lograda a posteriori de la construcción del buque. A esta se une el aumento de malla de sus aparejos de pesca. Se trataría, por tanto, de bonificar el consumo de cada barco por sus caballos reales, una vez regulada la potencia a la declarada inicialmente. Porque se cuentan con los dedos de una mano los barcos que, en cada puerto gallego „y la apreciación es extensible a la práctica totalidad de puertos españoles„ disponen de la potencia que declaran oficialmente. En la mayoría de los casos, los 300 caballos declarados tras la construcción del buque se han convertido por arte de birlibirloque en 1.500 o 1.800 caballos. Y la Administración pesquera lo sabe. Y lo saben las capitanías marítimas que, en muchos casos, parecen mirar para otro lado cuando les corresponde certificar como legales tales potencias. No es de recibo que un barco cuyo motor ha sido modificado interesadamente para lograr más potencia y disponer de mayores subvenciones para el consumo de combustible, navegue y pesque donde le conviene mientras que el que mantiene el caballaje que le corresponde y que certifica el astillero en el que se ha construido tenga que conformarse incluso con el cupo de pesca que se le adjudica por esos 300 caballos que declara legalmente. Máxime cuando se es consciente de que barcos de 300 caballos han aumentado sus potencias hasta tres veces más, recibiendo subvención por esta y, además, cupo de pesca adaptado precisamente a esa potencia ilegal.

Me inclino a pensar que, efectivamente, el Gobierno quiere poner punto final a este chorreo de ayudas económicas que serían también ilegales, dado que se sabe que el incremento de potencias no tiene ninguna justificación y que el buque cuyo gasóleo se bonifica incumple las leyes establecidas al efecto y recibe una subvención que, en ningún caso, le corresponde. A mayor abundamiento, se le adjudican cupos de pesca que, en base a los caballos declarados (triplicados ilegalmente) tampoco les corresponden.

Toda una gran mentira que perjudica al sector, como se evidencia en situaciones como la de los importantes beneficios económicos registrados en Galicia por el sector pesquero hasta el pasado año 2019, cuando en los últimos 11 años la comunidad gallega ha perdido alrededor de 400 barcos.

¿Habrá llegado la hora de la verdad?

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