Las diez asociaciones ecologistas que integran la plataforma contra la mina que la empresa Picobello Andalucita SL promueve en la parroquia de Goente, en As Pontes, presentarán una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente en la que reclamarán "la paralización definitiva de la tramitación del proyecto", además de exigir que se actúe "según lo dispuesto en la legislación actual".

Los colectivos Adega, Club de Montaña Ferrol, Colectivo Ártabra 21, Federación Ecoloxista Galega, Fusquenlla, Guerrilleiros das Fragas, Lapis Verdes, O Rabo do Galo, Sociedade Galega de Historia Natural e Verdegaia argumentan su denuncia en una serie de irregularidades que, aseguran, existen en la declaración de impacto ambiental que la Xunta dictaminó favorable el pasado mes de febrero.

En primer lugar acusan a la Consellería de Medio Ambiente de incumplir los plazos que estipula la Lei 3/2008 de Ordenación da Minería en Galicia. Recuerdan que el proyecto de explotación se entregó en la entonces Consellería de Medio Ambiente y Desenvolvemento Sostible de la Xunta el 26 de diciembre de 2006, junto con el correspondiente estudio ambiental, "y transcurridos 39 meses se continúa con la tramitación".

La plataforma advierte de que el artículo 25 de esa ley estipula que "el órgano minero competente dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de doce meses". Además explica que una vez transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución "podrá entenderse desestimada la solicitud", por lo que los ecologistas aseguran que, en aplicación de este artículo, se entiende que la solicitud fue denegada por "silencio administrativo".

Otra de las razones que la plataforma incluye en la denuncia que remitirá al fiscal hace referencia a que las valoraciones del impacto ambiental de la mina de andalucita se realizan "únicamente" sobre una de las cuencas fluviales afectadas, la del río Eume.

Considera que se omite deliberadamente la afección a la cuenca del río Belelle, con el objetivo de "ocultar que la mina provocará su desaparición", cuestión que ya denunciaron con anterioridad los diez colectivos ecologistas en un comunicado, donde recordaron que este río abastece de agua a los concellos de A Capela, Neda, Ferrol y a la parte alta de los municipios de Fene y Cabanas.

Otro de los argumentos que aporta la plataforma en la denuncia que en los próximos días presentarán ante la Fiscalía de Medio Ambiente es la vulneración del artículo 6 del Real Decreto 1/2008 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Explica que el informe de impacto ambiental no ofrece alternativas para la ubicación de la escombrera "que irremediablemente afectaría a la cuenca del río Eume".

Los ecologistas advierten también de que en el informe de impacto ambiental no se mencionan las repercusiones negativas que puede tener la mina sobre el parque natural de As Fragas do Eume, incluido en la Rede Natura. La ley señala que la evaluación de los proyectos que puedan afectar a lugares incluidos en la Red Natura "se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad".

Por todo ello, la plataforma reclamará ante la Fiscalía la paralización del proyecto, además de organizar para el próximo mes de mayo una marcha por la zona de Pico Vello con la finalidad de reclamar a la administración la paralización de este proyecto, que consideran que dañará gravemente As Fragas do Eume. Advierten de que la mina se situaría a escasos cincuenta metros del parque que, en opinión de los ecologistas, es una separación insuficiente para preservar este paraje natural de los trabajos que se desarrollarían para la extracción de andalucita, un mineral escaso y muy codiciado por su alta resistencia a las altas temperaturas sin sufrir deformaciones.