26 de julio de 2010
26.07.2010
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Oleiros

El alcalde iniciará el derribo de parte de su casa de As Galeras en dos semanas

El TSXG ordenó la demolición de cuatro metros por estar en la zona de dominio público. El regidor se autocalifica el "Capitán Trueno" de la lucha por la legalidad urbanística

26.07.2010 | 11:11
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros. / carlos pardellas

Dos semanas es el plazo que da el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, para comenzar las obras de derribo de parte de la casa en la que vive en la zona de As Galeras, y cumplir así con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en junio de 2009 ordenó la demolición de unos cuatro metros de la construcción por encontrarse dentro del dominio público terrestre.

"Podría abrir una nueva vía (judicial) pero ya estoy cansado de la situación y de tanta maldad política de elementos de este Concello y de la Xunta", dice el regidor, que anuncia que ha tomado la decisión de no recurrir el fallo del Superior, por lo que presentó un proyecto de derribo en la sala de lo Contencioso-administrativo que ya cuenta con la pertinente resolución que le faculta para efectuar la demolición.

En la actualidad, García Seoane estudia diferentes ofertas de empresas con el objetivo de contratar los trabajos a la que le ofrezca mayores "garantías", puesto que teme que las obras puedan dañar la estructura de su vivienda familiar. Calcula que la actuación se alargará por un periodo próximo de mes y medio, tiempo durante el cual se mudará a casa de sus hijos.

Asumida la sentencia del TSXG, el alcalde recalcó de forma reiterativa que él no es el infractor y que la responsabilidad corresponde a la Dirección General de Costas, a la Consellería de Pesca y al propio Concello de Oleiros, razón por la que presentó un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial ante las tres administraciones, con el objetivo de recibir una indemnización que cifró en 67.232 euros.

En opinión del regidor, este dinero no sufraga "los enormes daños morales" pero sí los gastos "palpables" por la obra como la demolición, la posterior reconstrucción, las licencias pertinentes, las tasas, los impuestos y los gastos legales.

"No soy el infractor pero tengo que tirar mi casa. Cabría la posibilidad de que pudiese mantenerla si hubiese un mínimo de decencia en este país", señala García Seoane, que se autocalifica como "el Capitán Trueno" de la lucha por la legalidad urbanística y, dice, es el hombre que más luchó por la costa de España y que, entre otras actuaciones, expropió "casi toda Santa Cristina" para hacerla pública. "Es la segunda vez que se me hace víctima de una injusticia", lamenta.

Dice que ha tomado esta decisión para no parecerse a "esas personas que mantienen en pie edificios que sí son ilegales" y asegura que se encuentra en una situación que no sabe como "calificar".

Muy molesto con la Xunta y con la Dirección General de Costas, atribuye toda responsabilidad de la infracción en la construcción de parte de su vivienda a una discrepancia en la interpretación de los planos entre las administraciones y resta importancia a la actuación del Concello que, dice, sí otorgó la licencia "pero al amparo de las otras administraciones".

Pese a esta afirmación, la indemnización cercana a los 70.000 euros solicitada por Ángel García Seoane sería a repartir entre las tres administraciones. El regidor amenaza con acudir a los tribunales a reclamar esta cantidad de dinero de existir una negativa por parte de las afectadas.

Fue el pasado mes de abril, durante la celebración de una sesión plenaria, cuando García Seoane, casi medio año después de que expirase el plazo para ejecutar el derribo, aseguró que llevaría a cabo la demolición pero "no por ser el infractor" si no para que este asunto no beneficiase en "votos" al líder del Partido Popular, Pablo Cobián.

Los inicios de este proceso judicial se remontan al año 2004, cuando la Xunta ordenó el derribo de 1,7 metros de galería de la planta alta y 2,81 metros de vuelo de la cubierta. Además, le impuso una multa de 2.115 euros.

Dos años más tarde el juzgado confirmó la multa y admitió que se invadió el dominio público pero rechazó la demolición por considerar que la parte ilegal es "muy pequeña" y que era una medida desproporcionada. Ya en 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la multa que le impuso en su día la Consellería de Pesca por importe de 2.115,75 euros al entender que García Seoane no actuó de mala fe pero confirmó que era deber de la Xunta obligar al alcalde de Oleiros a "restituir el estado anterior de las cosas", debido a que la prueba pericial practicada era muy clara: parte de la edificación invade el dominio público.

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