El juez admite a trámite la denuncia por los pagos en mano de Figueiras

El Juzgado de lo Social número dos de A Coruña ha admitido a trámite la denuncia por despido improcedente que interpusieron los dos monitores que recibieron pagos en mano de la concejala de Educación, Rosario Figueiras.

El Ayuntamiento de Arteixo recibió el pasado 31 de mayo la cédula de citación dictada por el juzgado en la que requiere al Concello que remita el expediente administrativo con el que entiende por efectuado el emplazamiento de esta administración.

La letrada municipal Elena Villafañe, que será quien defienda los intereses del Concello en el proceso, informó en la junta de Gobierno celebrada el pasado mes de junio que el departamento de Recursos Humanos deberá remitir antes del próximo 13 de septiembre el expediente administrativo al juzgado.

Los pagos en mano de la edil a los monitores de las actividades educativas fueron denunciados públicamente por el Partido Popular el pasado mes mayo. Rosario Figureras mantiene que se trató de "casos aislados" y que sólo pago en mano en una ocasión a dos de los monitores y que lo hizo con dinero de su bolsillo con el único objetivo de garantizar la continuidad de las actividades.

La concejala de Terra Gallega desmintió a los dos denunciantes, que aseguraron a la Policía Local que fueron contratados y despedidos "de palabra" y que percibían un salario mensual que oscilaba entre los 300 y 500 euros. Ambos monitores corroboran la versión del PP., que denunció que se trataba de una contratación encubierta a través de la figura del voluntariado. Entre las irregularidades que pusieron sobre la mesa unos y otros está la de que ninguno de los denunciantes había firmado el preceptivo acuerdo de compromiso.

Los dos monitores, que fueron desalojados del local en el que impartían las actividades por orden expresa del Ayuntamiento, denunciaron además ante la Policía Local que la edil se había comprometido "a regularizar su situación cuando se adjudicase el servicio.

Su denuncia tensó las cuerdas en el bipartito. La alcaldesa, la socialista Pilar Soto, se desmarcó de su socia en el Gobierno local y no dudó en censurar públicamente su actuación. "No me parecen adecuadas las formas y prefiero no entrar en el fondo", admitió en aquel momento. La regidora anunció la apertura de una investigación y no tuvo reparos en advertir a Figureras de que exigiría responsabilidades en el caso de que las pesquisas concluyesen que se había cometido alguna irregularidad.