Miño hipoteca 155 parcelas de Fadesa para garantizar el pago a expropiados

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Miño acordó el mes pasado gravar las 155 parcelas que Martinsa-Fadesa aún tiene a su nombre en la urbanización de San Xoán de Vilanova-Perbes con el fin de garantizar a los expropiados el pago de los 15,8 millones que debe abonarles de más después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentenciase que debieron percibir 25,90 euros por metro cuadrado y no los 6 euros fijados.

Martinsa-Fadesa, en enero de 1999, ya hipotecó cinco parcelas de la urbanización para constituir una garantía de 7,6 millones (lo hizo antes de que se emitiese la sentencia elevando el justiprecio). En mayo de este año, el Concello le reclamó los 8,1 millones que faltaban de la garantía para sumar el total de 15,8 que deben repartir entre los expropiados pero no de oficio sino por sentencia judicial a instancia de la asociación de afectados.

La promotora pidió al Ayuntamiento de Miño el pasado mes de junio una ampliación del plazo para abonar esos 8 millones que faltaban pero la Administración local ya fue directamente a imponer un gravamen sobre las fincas que aún están a nombre de Fadesa en el registro de la propiedad.

La situación resulta curiosa porque estas fincas que el Concello quiere gravar con 52.846 euros cada una hasta sumar los ocho millones (ha solicitado a la registradora de la propiedad que anote esta carga en los títulos) ya están hipotecadas al 100% por un banco (por 60.925 euros cada una). Martinsa Fadesa se encuentra en concurso de acreedores y sus administradores son los que gestionan los pagos a proveedores y buscan los fondos.

El Concello de Miño, no obstante, tiene preferencia sobre el banco, como administración, al ser una hipoteca legal tácita. Como Fadesa está en concurso de acreedores, la hipoteca del Concello tiene preferencia sobre el resto de acreedores de la compañía.

Uno de los hechos más llamativos es que el propio Gobierno local admite en el expediente de reclamación a Fadesa que está expuesto al público desde el pasado 18 de julio, que en marzo de 2005 reclamó a la inmobiliaria que constituyese un aval bancario por un importe de 31,8 millones de euros, correspondiente a la diferencia entre el justiprecio fijado y el reclamado por los expropiados que lo impugnaron.

El Concello reconoce que Fadesa nunca puso el dinero. Tampoco tomó medidas para reclamárselo. Fue la asociación de afectados la que acudió a los tribunales para recordar esta exigencia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le dio la razón en su sentencia de marzo de 2008.

Este hecho implica que Fadesa incumplió las condiciones de adjudicación de la urbanización residencial-deportiva de 1.200 viviendas en Perbes. En el pliego de condiciones que rigió la licitación se especificaba que a los quince días de la aprobación del proyecto de expropiación Fadesa debía presentar garantía por el importe total fijado como valoración de los bines expropiados. Se indicaba que dicha garantía podría revertir forma de aval bancario y si los expropiados formulaban su disconformidad con la valoración debía prestar nueva garantía por dicha diferencia. Nunca lo cumplió.

El Tribunal Supremo, tal y como informó LA OPINIÓN, resolvió el pasado julio que la adjudicación de la urbanización de Perbes a Fadesa que hizo el Concello fue nula. La urbanización está muy avanzada y ejecutar la sentencia, que supondría revertir los terrenos a los expropiados, es imposible. La práctica habitual es pedir la inejecución de sentencia y entregar una indemnización sustitutoria a los afectados. En este caso es el Ayuntamiento de Miño, y no Fadesa, el que debe pagar la indemnización, que es según la ley el 25% sobre el valor total de la expropiación. Se expropió un millón de metros a seis euros así que Miño, un concello muy endeudado, tendrá que abonar unos seis millones.