Arteixo prepara una ordenanza para cobrar por bodas

El Ayuntamiento de Arteixo ya no se conforma con oficiar matrimonios. También quiere un trozo del pastel de bodas. El Gobierno local ultima una ordenanza que le permitirá cobrar una tasa por la celebración de enlaces civiles y la inscripción de parejas de hecho, algo que ya se hace en la mayor parte de los ayuntamientos de la comarca.

La comisión de Hacienda que se celebrará el próximo lunes llevará a dictamen una propuesta que establece en 60 euros la tasa por la celebración de bodas civiles cuando al menos uno de los contrayentes sea vecino de Arteixo. En el caso de que ninguno de los novios esté empadronado en el municipio, la cuota ascenderá a 100 euros. La inscripción en el registro de parejas de hecho resultará más económica: 15 euros en ambos casos.

No se trata de una medida recaudatoria. La nueva ordenanza ve la luz únicamente con el objeto de evitar gastos al Concello. Al menos eso es lo que asegura el Gobierno local, que explica que con esta cuota sólo pretende cubrir los gastos de la adquisición de centros florales y de los servicios de limpieza.

En lo que va de año, el Consistorio acogió 24 enlaces. La mayor parte se celebraron este verano. Como muestra un botón: el pasado sábado se oficiaron cuatro bodas. Este dato es usado por la alcaldesa, Pilar Souto, para justificar la imposición de una tasa. "Esto implica la disponibilidad de la alcaldesa o de algún concejal durante todo el día para prestar este servicio", argumenta en su providencia. A pesar del tiempo que los ediles destinan a esta labor, el Concello recalca que "ningún concejal cobrará por ello".

La regidora local apela también al coste de actualizar el registro civil, en el que están inscritas actualmente 300 personas. "Esto genera también la prestación de un servicio a nuestros ciudadanos con la apertura de un determinado expediente y en otros ayuntamientos limítrofes cobran una tasa por ello", recoge la providencia de Alcaldía.

La ordenanza será debatida en el próximo pleno, que se celebrará el 2 de septiembre. Todo apunta a que la normativa saldrá adelante con el voto favorable de la oposición. A partir de ese momento se abrirá un periodo de exposición pública por el plazo de un mes antes de la aprobación definitiva.