Uno de los problemas que está sufriendo el plan de erradicación del chabolismo iniciado por el Concello de Culleredo son las "malas praxis" de su homólogo coruñés en este campo, según trasladó ayer la primera teniente de alcalde cullerdense, Raquel Jabares, a las entidades Arquitectos sen Fronteiras y Rede de Dereitos Sociais, con quienes se entrevistó ayer.

El departamento de Servicios Sociales de Culleredo acordó establecer con estas organizaciones sin ánimo de lucro una canal de comunicación continuada para poner en común las acciones que desarrollen las tres entidades en este ámbito.

Para Jabares resulta "evidente" que esta forma de trabajo "interfiere en la política integradora que persigue el Concello". Al igual que las ONG, apuesta por una política coordinada "en la que se vea como prioridad la integración de estas familias". Los representantes de estas entidades manifestaron su repulsa por el trato concedido a la etnia gitana como "una mercancía de la que solo se acuerdan cuando es necesario construir algo".

"Es de agradecer que organizaciones sin ánimo de lucro tengan la consideración de establecer canales de comunicación para coordinar las políticas sociales mientras otras administraciones evitan estas sinergias para esconder su incompetencia", criticó Jabares en referencia al Concello coruñés.

En cambio, la concejal responsable de este área, Silvia Longueira, opina todo lo contrario: "Nuestros Servicios Sociales son los más competentes de España". De hecho, le brindó a la edil cullerdense su ayuda a través de una consultoría gratuita sobre erradicación del chabolismo. Lo que se niega a dar es información de los casos que abordan desde el Concello herculino, para no violar la ley de protección de datos personales.

Con respecto al caso concreto de la familia que pretendía instalarse en una nave industrial en Toroño, Longueira destacó que no proceden de A Coruña, sino que en los últimos años estuvieron por varios municipios del Consorcio As Mariñas, pero que nunca estuvieron empadronados en Penamoa. De todos modos, "si hubiese algún vecino de Penamoa realojado en Culleredo tampoco lo diría", concluyó.

La familia que pretendía instalarse y empadronarse en una nave industrial del núcleo cullerdense de Toroño desechó ayer esta opción y apostó por cambiar de residencia después de reunirse con el alcalde, Julio Sacristán de Diego.

El regidor local explica que les hizo ver a estas personas que los informes que maneja el Ayuntamiento -elaborados por la Policía Local y el departamento de Servicios Sociales- determinan que el inmueble no reúne las condiciones de salubridad necesarias y que podría resultar un foco de infecciones.

Además, este edificio -que fue una fábrica de pintura en su origen, hace 30 años- está registrada con un uso diferente al de la vivienda. Por lo que el Concello, si la familia hubiera seguido con sus planes, podría "ir contra el contrato" de arrendamiento, según explicó el alcalde.

Medio centenar de vecinos de Toroño se manifestaron el jueves ante las puertas del Concello para solicitar al Gobierno local que impidiera la instalación de estas personas en la nave al creer que procedían del poblado de Penamoa. El último sitio donde estuvieron empadronados fue Carral.