La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha solicitado al juzgado que se acuerde el sobreseimiento provisional de las acusaciones presentadas contra el alcalde de Oleiros en 2006 al concluir que "los delitos que se atribuían al imputado no aparecen suficientemente justificados". Los supuestos delitos que se le atribuían estaban relacionados con negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, abuso de información privilegiada y tráfico de influencias.

"Espero que se dé amplia difusión a esto para lavar el honor de mi familia y quitar toda la mierda que me echaron encima", declaró ayer un visiblemente emocionado Ángel García Seoane, tras informar en rueda de prensa del escrito de la fiscalía. "Se investigó toda mi vida, mis declaraciones de Hacienda, mis propiedades en el registro, las denuncias que tenía...", agregó Seoane, quien apuntó que "un secretario general de un partido político" llevó "dosieres" con documentación "a los periódicos" para acusarle.

La compra de una finca en As Galeras, otra en Iñás y dos en As Cancelas ; o el aumento del número de viviendas en As Galeras, son algunas de las actuaciones urbanísticas denunciadas de oficio en su día por el fiscal y de las que, tras ser analizada la documentación, no se han hallado indicios de delito.

El fiscal presentó denuncia contra Ángel García Seoane en septiembre de 2006 tras las informaciones publicadas sobre sus actuaciones urbanísticas y la compra de terrenos y después de que tres meses antes el Partido Popular y el PSOE solicitasen la intervención de la Fiscalía para que investigase sus actividades.

Tras la decisión de la Fiscalía de presentar denuncia de oficio el PP amplió dicha denuncia al personarse como acusación particular en las diligencias penales y atribuirle supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada.

El juzgado número 5 tenía que haber resuelto este pleito hace dos años, según recordó ayer Seoane, pero como se demoraba sus abogados lo reclamaron y entonces la juez pidió el informe al fiscal, que éste emitió el pasado 16 de marzo. Según Seoane, hace una semana y media recibió la notificación del escrito del fiscal que pedía el archivo de la denuncia y también tuvo conocimiento del informe el PP, personado como acusación particular.

"La jueza ya iba a resolver pero el PP entonces, esta semana, ha pedido más documentación, pidió a la jueza acuerdos plenarios, y pide que se le soliciten datos a la Xunta con el fin de dilatar más la resolución para que no se archive definitivamente antes de las elecciones. Y la juez ha aceptado la petición de más documentación por lo que la resolución se retrasará de nuevo", denunció Seoane.

"Un secretario general de un partido y un cafre político", son, según el alcalde, la "mano negra" que intentó manchar su honor y el de su familia con acusaciones difundidas a través de los medios. "Tan pronto como la jueza resuelva emprenderé acciones legales contra todos los que mancillaron mi nombre", agregó García Seoane.

El fiscal Juan Aguirre desgrana en su informe, uno por uno, todos los delitos que se le imputaron a García Seoane. Sobre la acusación de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos la Fiscalía entiende que "la adquisición de una serie de terrenos por parte del imputado, de forma esporádica, no puede equipararse a una actividad profesional" y si se inscribió en el Impuesto de Actividades Económicas fue para liquidar el IVA de la venta de fincas.

Sobre la supuesta información privilegiada en el plan parcial de As Galeras el fiscal indica que cuando compró una finca el terreno ya "era previsible" que iba a ser desarrollado al ser urbanizable no programado y en el contrato de compra ya se decía que la finca estaba incluida en el ámbito. Además, ya se había firmado un convenio entre Concello y varios propietarios aprobado por el pleno.

Respecto al supuesto tráfico de influencias por aumentar la densidad de viviendas previstas de 10 a 16 en As Galeras el magistrado recuerda que el aumento de densidad se aprobó en pleno por doce votos a favor y nueve en contra y "el portavoz y el concejal del grupo socialista defienden esa modificación con el fin de aumentar el número de viviendas de protección oficial", por lo que no fue idea de Seoane, y tampoco se probó que él se beneficiase de dicho incremento.

La Fiscalía tampoco apreció información privilegiada en la compra de Seoane de una finca en 2000 en Iñás. Sobre el desvío de un cauce por las obras de urbanización indicó que en su día fue calificada como infracción leve y Augas informó favorablemente.

Respecto al polígono industrial de Iñás el fiscal dice que los trabajos de redacción del plan general se contrataron en marzo de 2003, cuando Ángel García Seoane no era alcalde, y "no consta que el imputado haya ejercido alguna influencia sobre el contenido de esta revisión que se afecta a la finca de su propiedad". Tampoco ve irregularidades en la actuación del primer edil oleirense respecto al plan especial de As Cancelas.