El Gobierno confirmó en marzo pasado que no iba a prorrogar las concesiones en los tramos Zaragoza-El Vendrell de la autopista AP-2 y Tarragona-La Jonquera, de la AP-7, que vencen en agosto, lo que supondrá su liberalización a partir del 1 de septiembre. Esa es la fecha en que tampoco se prorrogarán las concesiones de los peajes de la C-32 en el Maresme y la C-33, gestionados por la Generalitat.

Hasta el 31 de agosto incluido, y desde hace más de 40 años, todos los conductores que circulen en coche por la AP-2 tienen que pagar un total de 20,65 euros por recorrer los de 215 kilómetros que la componen. En cuanto a la AP-7, los dos tramos que se liberalizan y, por tanto, quedan exentos de pago, son los que unen Tarragona y La Junquera (245 kilómetros, por los que se pagan 28,85 euros) y el que une Montmeló y el Papiol (Vallès Oriental), municipios barceloneses separados por 31 kilómetros.

También pasa a ser gratuito el tramo de 48 kilómetros de la C-32, que une Barcelona y Lloret de Mar (Selva, Girona), que cuesta entre 1,17 y 2,90 euros, y la C-33 entre Barcelona y la de Montmeló, cuyo precio es de 1,12 euros.