En 2035 solo se venderán coches eléctricos en España y Europa. Ahora empieza un camino que debe llevar a un país con apenas 14.000 cargadores a desplegar una infraestructura de carga que pueda satisfacer a los conductores de este futuro no tan lejano. Desde Anfac, la patronal de fabricantes de automóviles, demandan “acelerar” en el despliegue de cargadores y “establecer medidas adicionales potentes” para garantizar este despliegue de puntos de carga. Desde el Congreso parecen haber oído las peticiones del sector y han propuesto la creación de un grupo de trabajo que estudie cambios legales para facilitar la instalación de cargadores.

Esta propuesta, avalada por el PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PP, Ciudadanos y Foro Asturias -solo se opone Vox- no habla de inversiones ni planes concretos, pero es un primer paso para facilitar el despliegue de una red de carga adecuada. De hecho, está propuesta sigue la línea de lo reclamado por Wayne Griffiths, presidente de Anfac y Seat y CEO de Cupra, que pidió un nuevo marco fiscal que incentive la compra de eléctrico y esfuerzos para ampliar la red de cargadores.

La propuesta del Congreso fue avalada por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo y ahora deberá ser aprobada por el Pleno del Congreso en un trámite que precederá a su puesta en marcha. Joan Capdevila, diputado de ERC e impulsor de la iniciativa, espera que el consenso demostrado en la votación “se mantenga en un ánimo propositivo y constructivo que permita convertir en oportunidades las amenazas que se ciernen sobre este punto de la movilidad sin emisiones”. 

Capdevila explica que este grupo de trabajo buscará “escuchar a todos los actores en esta ecuación, públicos y privados El Congreso estudiará medidas para facilitar el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos” y en seis meses poder presentar "una lista de cuellos de botella, particularmente legislativos, que para eso está el Poder Legislativo, pero también industriales, que pueden impedir una rápida y eficiente implementación de puntos de recarga”.

¿Qué pide el sector?

Desde la industria llevan meses pidiendo medidas concretas que permitan el despliegue de una infraestructura de carga suficiente para afrontar la electrificación. Medidas que incluyan inversiones, públicas y privadas, para conseguirlo y que se alejen de la flexibilidad, porque provoca que las normativas nunca se cumplan. Desde Anfac, José López-Tafall, su director general, argumentó la semana pasada que “el despliegue masivo de puntos de carga es vital para implantación de la movilidad eléctrica”. 

Griffiths fue más lejos y admitió que al ritmo actual “la transición se alargará durante las dos próximas décadas” y defendió el papel de la industria, que ha desarrollado una oferta competitiva de coches enchufables y está siendo, junto a las compañías energéticas, la principal fuente de cargadores. Griffiths celebró el papel de los fondos ‘Next Generation’ y su importancia para la electrificación de la industria española, pero hacen falta más esfuerzos para adaptar la infraestructura de carga a un futuro eléctrico.

Actualmente España tiene 14.244 cargadores públicos, de los cuales solo el 36% están en áreas rurales o carreteras principales. El 85% de sus enchufes son lentos y solo el 2% son de más de 150 kW, aquellos que permiten cargar el coche en apenas media hora. En las ciudades se encuentra un cargador cada cuatro kilómetros, pero en las provincias rurales hay que recorrer hasta 349 kilómetros, una cifra superior a la autonomía de muchos eléctricos. Además, en 16 de las 50 provincias españolas no tienen ni un solo cargador rápido. Queda un largo camino por recorrer.