El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó ayer la Carta Democrática contra Venezuela, lo que puede llevar a la suspensión de la participación del país en el ente, por considerar que hay una "alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático".

La decisión de Almagro, consideran los observadores, responde a una voluntad personal de actuar en la crisis venezolana pese a las reticencias de la mayoría de los 34 Estados miembros de la OEA, que prefieren adoptar medidas más conciliadoras como una resolución o un ofrecimiento de mediación que tuviera la aquiescencia de Caracas.

La Carta Democrática es un instrumento jurídico para preservar el funcionamiento democrático de los Estados miembros de la OEA y fue adoptada por unanimidad hace 15 años. Se trata de un recurso muy sensible no sólo porque su última consecuencia es la suspensión del país concernido sino también porque hasta ahora siempre se ha aplicado por solicitud o al menos con autorización de Estado afectado, salvo en el caso del golpe de Estado de Honduras de 2009, por no haber Gobierno legítimo en el poder.

El diagnóstico de Almagro, que ha sido acogido con júbilo por la oposición, ha suscitado una dura reacción del Gobierno de Nicolás Maduro, que ha convocado a sus partidarios a tomar la calles de Venezuela hoy, miércoles, y el sábado para manifestarse contra lo que considera una injerencia "colonialista" y "brutal".

Almagro, excanciller uruguayo (2010-2015), "sustenta" su diagnóstico de la situación en Venezuela en las denuncias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y en sus propias conclusiones. En ellas, denuncia "la continuidad de las violaciones de la Constitución, violaciones de derechos humanos, procedimiento para el referendo revocatorio y falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país".