El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió ayer una condena en primera instancia de nueve años y medio de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero. Se trata del caso de una vivienda de lujo que habría servido para sobornar al exmandatario, premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2003.

La condena sacudió a un país en el que Lula, manchado y todo por la corrupción, sigue siendo el político más popular; tanto, que últimamente barajaba seriamente la posibilidad de presentarse a las presidenciales del año que viene. Pero ayer, aunque sea en primera instancia, además de manchado, quedó condenado por el tentacular caso Petrobras.

El juez Sergio Moro, azote de las élites políticas brasileñas e instructor del gigantesco sumario por corrupción, concluyó que el expresidente se benefició del dinero desviado de Petrobras para la compra y reforma de un tríplex en Guarujá (São Paulo). El dinero procedía de la compañía brasileña OAS, que habría utilizado la vivienda como soborno a cambio de contratos.

La sentencia es recurrible ante el Supremo y el juez Moro, en aras de la "prudencia", ha optado por esperar a una sentencia condenatoria en una instancia superior para pedir la prisión provisional para Lula. El magistrado reconoció que el encarcelamiento de un expresidente implica "ciertos traumas", informa el diario Folha de São Paulo.

Lula tiene pendientes otras cuatro causas, pero mantiene una popularidad al alza entre una ciudadanía que ha visto salpicada por la corrupción a toda su clase política y empresarial en los últimos años. Los últimos sondeos sitúan al exmandatario como el favorito para las elecciones a la Jefatura del Estado en 2018.