14 de diciembre de 2017
14.12.2017
Fraude fiscal

Botín acepta 9 meses por defraudar un millón con su avión

El expresidente de Bankinter ha aceptado la condena de prisión y una multa de 506.134 euros

17.12.2017 | 01:58

El expresidente de Bankinter Jaime Botín ha aceptado una condena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa por haber defraudado presuntamente un millón de euros mediante la deslocalización "artificiosa" de un avión privado en Portugal, donde no existen impuestos para este tipo de actividades.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la defensa de Botín ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que será ratificado el próximo lunes en el juzgado.

La Fiscalía de Madrid se querelló contra el expresidente de Bankinter y otras tres personas, si bien Botín asume ahora toda la responsabilidad, por lo que el procedimiento contra los otros tres implicados será archivado.

En concreto, el empresario ha aceptado una pena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa, además de un año y tres meses de pérdida de obtener subvenciones y ayudas públicas así como el derecho a gozar de incentivos fiscales o de seguridad social. Su acuerdo de conformidad incluye la condena en costas.

La Fiscalía les acusa en su querella de crear "un entramado de empresas" con el fin de evitar hacer frente al impuesto especial sobre determinados medios de transporte vigente en España, país donde el avión "tenía su base de movimientos, en mayor medida en el aeropuerto de Torrejón (Madrid)".

En 2012, la sociedad World Tour, constituida a finales de los ochenta y de la que el exbanquero era propietario, firmó un contrato de compra de una aeronave por un precio de 10,7 millones de dólares que se destinó "con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Botín y su círculo familiar y social".

Prosigue la Fiscalía recordando que dado que el contrato establecía que la entrega del avión se realizó en el aeropuerto de Torrejón, su matriculación estaba sujeta a este gravamen especial, motivo por el que los querellados "decidieron deslocalizarlo a Portugal, donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación".

Una maniobra que habría obligado a los cuatro a "ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España a cargo de World Tour y, por otro, a asegurar que tuviera en España la plena disponibilidad".

De este modo, la sociedad española habría desviado los fondos necesarios a Portugal a través de la misma cuenta corriente que, a su vez, servía de garantía financiera al Banco Santander Totta, filial del Banco Santander en suelo luso, en el contrato de alquiler con opción a compra de la aeronave.

No obstante, la entidad que había asumido la posición compradora de la nave, la cedió a la compañía Air Nimbus, controlada por otro de los querellados, en tanto que esta firmó, a su vez, un contrato de prestación de servicios aéreos con la española Gestair, administrada por el padre de otra de las personas contra las que va dirigido el escrito de la Fiscalía.

El Ministerio Público apunta además que los querellados, que conocían la existencia de una inspección por parte de la Agencia Tributaria "al menos desde octubre de 2016", acordaron un mes más tarde celebrar una Junta General de Accionistas que ordenó liquidar World Tour y adjudicar la totalidad de su haber social a Botín.

"La disolución de la sociedad y la deslocalización estuvieron preordenados a hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación administrativa o judicial, de la cuota defraudada", añade.

Activos patrimoniales que, concluye la Fiscalía, "no han sido declarados por Jaime Botín en sus declaraciones de IRPF y de impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2016 (...) ni en la declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero".

Al margen de este procedimiento, Botín tiene otra causa pendiente por supuestamente intentar vender fuera de España en 2015 la obra de Picasso "Cabeza de mujer joven", unos hechos por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman cuatro años de prisión, 104,8 millones de multa y el decomiso de su goleta.

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