27 de septiembre de 2018
27.09.2018
La Opinión de A Coruña

El Ejército mexicano toma el control de la Policía de Acapulco, infiltrada por narcos

La ciudad fue la tercera más violenta del mundo en 2017 - López Obrador anuncia una comisión de investigación sobre la muerte de los 43 de Ayotzinapa

27.09.2018 | 01:41
Detención por efectivos de la Marina mexicana del jefe de Seguridad de Acapulco.

El Gobierno federal mexicano y el del estado de Guerrero tomaron ayer el control de la seguridad en Acapulco -estado de Guerrero-, después de que surgieran sospechas de que la Policía Local está infiltrada por mafias de narcos.

Tres altos mandos policiales fueron detenidos en el curso de una espectacular operación terrestre y aérea en la que los policías de Acapulco fueron desarmados.

Guerrero, centro de operaciones de numerosas organizaciones de narcotraficantes, es uno de los estados más violentos de México, con 2.318 homicidios dolosos registrados en 2017, la cifra más alta de todo el país.

De enero a agosto de este año, Guerrero suma 1.507 asesinatos, según cifras oficiales. Con una tasa de 106,63 homicidios por cada 100.000 habitantes, Acapulco se situó en 2017 como la tercera ciudad más violenta del mundo.

"La decisión, implementada por el Grupo de Coordinación Guerrero, obedeció al incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en el municipio y a la nula actuación de la policía municipal para enfrentar el fenómeno delictivo", dijo el portavoz sobre el operativo.

Entre tanto, el presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión el 1 de diciembre, anunció un compromiso con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el año 2014 en la localidad de Ayotzinapa, perteneciente también al estado de Guerrero, para crear una "comisión de investigación" que esclarezca y haga justicia en este caso que conmocionó al país.

Según la versión oficial del gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, los estudiantes se encontraban en la cercana localidad de Iguala apoderándose de autobuses para movilizaciones políticas cuando fueron detenidos por policías locales. Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para a continuación incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.

No obstante, la Organización de las Naciones Unidas ha cuestionado la versión del anterior Ejecutivo mexicano.

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