El Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- dictó ayer un fallo que obliga a Polonia a dar marcha atrás en su polémica reforma judicial, tal como exige la Comisión Europea -CE-, en una decisión sin precedentes que Varsovia se comprometió a evaluar cuando la reciba formalmente.

Los jueces ordenan a Polonia suspender cautelarmente su reforma del Supremo en lo que se refiere a la reducción de la edad de jubilación de los magistrados de esta corte.

Admite de esta forma la petición de la CE, que al llevar este asunto ante el TJUE pidió a los jueces "medidas cautelares" para "restaurar" el Supremo polaco a la situación en la que estaba antes del pasado 3 de abril, cuando se aprobó la reforma.

La ley que preocupa a Bruselas reduce la edad de jubilación de los jueces del Supremo desde los 70 años a los 65, un cambio que pone a 27 de los 72 magistrados en riesgo de ser obligados a retirarse anticipadamente, y afectaría también a la presidenta. Y establece, además, que los jueces que deseen seguir en el cargo deberán expresar su voluntad de hacerlo al presidente polaco Andrzej Duda, vinculado al partido gobernante, el ultraconservador Ley y Justicia, quien podría renovarles su mandato por tres años más.

La Comisión Europea considera que esta legislación pone en riesgo la independencia del poder judicial polaco así como la separación de poderes y es "incompatible" con el derecho europeo.

La reducción de la edad de jubilación, combinada con el incremento paralelo del número total de jueces, "supone una recomposición profunda e inmediata del Supremo", y, en el caso de que el TJUE acabara estimando el recurso de la Comisión, todas sus decisiones "se habrán adoptado sin las garantías inherentes al derecho fundamental (...) a un juez independiente".