En medio de la crisis global por el coronavirus, y en un paso que promete disparar las tensiones con Venezuela, Estados Unidos anunció ayer la imputación de Nicolás Maduro y otros 14 altos cargos actuales y retirados venezolanos en varios casos de delitos de narcotráfico, narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero. La justicia estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a quien colabore en la entrega y captura del presidente

El fiscal general estadounidense, William Barr, dirigió ayer la presentación de los cargos en una rueda de prensa virtual desde el Departamento de Justicia con varios fiscales estatales. Barr asegura que Maduro y el resto de imputados "pretendían expresamente inundar EEUU con cocaína para minar la salud y el bienestar" de la nación, han "usado muy deliberadamente la cocaína como arma" y "han traicionado al pueblo venezolano y corrompido las instituciones de Venezuela para llenarse sus bolsillos con dinero de las drogas".

Entre los cargos figuran también acusaciones de colaboración con las FARC, a la que Venezuela habría dado protección, incluyendo a la facción disidente de la guerrilla que siguió operando después de los acuerdos de paz firmados en Colombia. La imputación estadounidense alcanza a toda la estructura venezolana: a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Incluye, además de a Maduro, a políticos y altos cargos relevantes como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Hugo Carvajal, que estuvo al frente de la inteligencia militar; el general retirado Clíver Alcalá y el ministro de Industria y Producción, Tareck Zaidan El Aissami Maddah. También, en un caso planteado por la fiscalía en Florida, se señala al presidente del Tribunal Supremo, Maikel José Moreno.

En todos esos casos EEUU ha fijado recompensas para quien colabore al arresto y procesamiento de los encausados: 15 millones de dólares en el caso de Maduro, 10 en los de Cabello, Carvajal, Alcalá y Maddah y cinco por el miembro de las FARC Luciano Marín Arango, Iván Márquez.

Ante un tribunal

A la pregunta de si la recompensa por la captura de Maduro sería "vivo o muerto", el fiscal general especificó que el gobierno de Donald Trump "quiere sentar (al presidente venezolano) ante la justicia en un tribunal de EEUU".

El paso dado por el Departamento de Justicia fue denunciado preventivamente por el propio Maduro, quien en su cuenta de Twitter aseguraba que "desde EEUU y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela".

El anuncio tiene un impacto potencial entre la creciente población del exilio venezolano en Florida, uno de los estados bisagra que serán claves en las elecciones presidenciales de EEUU en noviembre. Tras reconocer que la justicia estadounidense lleva "mucho tiempo trabajando en esto" y podía haber actuado "un poco antes", el fiscal Barr justificó el momento elegido como "bueno porque la gente de Venezuela sufre y necesitan un gobierno efectivo al que le importe la gente. Este gobierno está bloqueando suministros e impidiendo entrar a gente", dijo.

Barr también minimizó la repercusión histórica de imputar a un presidente extranjero en el poder al señalar que EEUU no reconoce como líder legítimo de Venezuela a Maduro, sino a Juan Guaidó, y recurrió al precedente de la imputación de Manuel Noriega cuando no lo reconocía como presidente de Panamá.

El caso del expresidente panameño planea ahora como un fantasma. Tras la invasión estadounidense de Panamá en 1989, Noriega se acabó entregando en enero de 1990, fue trasladado a EEUU y juzgado. Barr no quiso comentar ayer si Washington estaría dispuesto a acometer una operación militar en Venezuela y solo anticipó que van "a explorar todas las opciones para conseguir tenerlo bajo custodia".