En una balanza donde Donald Trump coloca "la ley y el orden" y la "justicia", el primer platillo pesa más para el presidente de Estados Unidos. Así se deduce de la orden ejecutiva que el mandatario firmó ayer para abordar reformas en la Policía estadounidense, sacudida de nuevo por las sombras de brutalidad y racismo tras los recientes casos de George Floyd y Rayshard Brooks. El decreto queda muy lejos de las demandas de cambios profundos que cientos de miles de personas han estado pidiendo en las calles en protestas, propuestas como la de redirigir fondos de la Policía a programas sociales o incluso desmantelar departamentos, hacia las que Trump mostró ayer una vez más su rechazo frontal, asegurando que "sin Policía hay caos, sin ley hay anarquía y sin seguridad hay catástrofe". La orden ejecutiva de Trump, que nace débil al no ir acompañada de una asignación económica, tiene tres pilares. Uno es crear una base de datos nacional donde se registrarán actos de mala conducta policiales. Otro trata de emparejar a trabajadores sociales y expertos en salud mental con los agentes. Un tercero consiste en crear incentivos para que las policías locales mejoren la formación en cuestiones como desescalada de tensiones y uso de fuerza. Incluiría la prohibición de usar tácticas de inmovilización por ahogo.