También genera muchas fricciones la clave de reparto propuesta, que tiene en cuenta la tasa de paro entre 2015 y 2019, que se tendría en cuenta para repartir el 70% de los fondos en 2021 y 2022. El restante 30% se distribuiría en 2023 en función de la caída del PIB entre 2020 y 2022. Una fórmula que no gusta ni a los frugales, porque no tiene en cuenta solo los efectos de la pandemia, ni tampoco a los países del este, que temen verse penalizados por ello.