Visto lo visto está claro que si Donald Trump pierde las elecciones no va a poner nada fácil eso de hacer las maletas y dejar la Casa Blanca. Ya ha puesto en marcha su ejército de abogados para presentar una dura batalla judicial que se presume larga y de resultado incierto, lo que contribuirá a incrementar la incertidumbre y la desestabilización política del país.

Trump, quien se autoproclamó vencedor solo horas después de cerrar los colegios electorales, anunció que llevará los resultados de algunos estados a la justicia. "Iremos al Tribunal Supremo. Queremos que pare todo el proceso de votación", avanzó tras acusar a los demócratas, sin pruebas, de que estaban preparando un "fraude electoral".

Lo de "fraude electoral" y lo de la gran desconfianza en el voto por correo -más de 62 millones de papeletas, la mayoría demócratas- no es nada nuevo. Hace tiempo que el mandatario lanzó el primer mensaje en ese sentido. Probablemente ya vio entonces, en plena crisis del covid y con la economía -uno de sus grandes éxitos en la presidencia- en caída libre, que los comicios no iban a ser un paseo.

Formada por nueve jueces, la máxima instancia judicial del país es el intérprete último de la Constitución y tiene la autorización para avalar o no un proceso electoral puesto en duda. El alto tribunal está fuertemente politizado, ya que los magistrados se eligen en un proceso muy controlado por el presidente de EEUU, a quien la Constitución otorga el poder de designar a sus componentes. El juez es ratificado después por el Senado.

Los puestos son vitalicios. Solo por incapacidad por temas de salud o en caso de fallecimiento son reemplazados. Así ocurrió el pasado septiembre, con la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, relevada por Amy Coney Barrett como nueva magistrada, con lo que Trump se aseguró así una abrumadora mayoría conservadora en el tribunal, de 6 a 3.

Relevo rápido

El mandatario se dio prisa para el relevo; por razones obvias no quiso esperar a después de las elecciones, por temor a perderlas, y Barret fue ratificada por el Senado con 52 votos a favor y 48 en contra, solo 40 días después del fallecimiento de Ginsburg.

Durante sus cuatro años de mandato, Trump tuvo oportunidad de elegir a otros dos magistrados, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, al igual que Barret de la línea conservadora más dura.

De llegar hasta el Supremo la batalla por los votos, no será la primera vez que pasa en la historia del país. En fecha reciente, la elecciones presidenciales del 2000, en las que se disputaban la Casa Blanca el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, el tribunal intervino en la disputa de los votos en Florida, que fue muy ajustada, con una diferencia de tan solo 537 papeletas. Al Gore exigió entonces un nuevo recuento en una serie de condados, pero Bush se opuso.

La batalla legal duró cinco semanas. Un tribunal de Florida dio la razón a los republicanos, pero el Supremo del estado rectificó el dictamen y ordenó volver a contar los votos. Bush acudió al Supremo federal, que el 9 de diciembre de ese año ordenó detener el conteo, ya que tiene capacidad de rectificar las decisiones de los tribunales estatales, al considerar anticonstitucional los recuentos manuales.