La negativa de Trump a aceptar su derrota electoral abre un escenario caótico en EE UU, con el Departamento de Justicia respaldando las denuncias infundadas de fraude electoral, mientras sigue bloqueada la cooperación con el equipo de transición de Joe Biden. El fiscal general, William Barr, dio instrucciones para que fiscales investiguen los indicios de fraude. Esa inusual petición provocó la dimisión inmediata del director de delitos electorales del Departamento de Justicia, Richard Pilger.

Mientras Biden asume progresivamente el papel de presidente electo, Trump sigue parapetado tras un muro de acusaciones sin evidencia. "Estamos haciendo grandes progresos. Los resultados empezarán a llegar la próxima semana. Volvamos a hacer grande a EE UU", escribió ayer el todavía inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter sin ofrecer detalles de su acusación. Aunque en un principio los republicanos optaron por el silencio, poco a poco los líderes del partido ofrecen un apoyo matizado a las denuncias del mandatario. "El presidente está 100 % en su derecho de investigar las acusaciones de irregularidades y sopesar sus acciones legales", aseguró Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado durante una intervención en la Cámara. McConnell se abstuvo de reconocer las proyecciones de los medios que otorgan la victoria a Joe Biden en los comicios del pasado 3 de noviembre.

La actual situación supone un marcado contraste con lo ocurrido hace cuatro años, cuando Trump se impuso a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Apenas unos días después de conocerse el resultado en 2016, Donald Trump era recibido en la Casa Blanca por el entonces presidente saliente Barack Obama (2009-2017), y arrancaba así el proceso de transmisión del poder. Una escena que parece impensable ahora.

Ante la inusual situación, la agitación interna en las agencias federales es más que evidente. El Fiscal General Barr, uno de los escuderos más fieles del presidente, autorizó a todos los fiscales federales del país a investigar el supuesto fraude electoral antes de que los resultados sean definitivos. El objetivo es claro: Barr insta a sus subordinados a centrarse en investigar las "denuncias claras y aparentemente creíbles" y que "podrían potencialmente afectar al resultado de una elección federal en un estado concreto". Asimismo, les pide que descarten aquellas demandas que no modificarían el recuento actual, que da la victoria al demócrata Joe Biden. Estas, subraya, pueden retomarse una vez certificados los resultados. De hecho, según los protocolos del Departamento de Justicia no debería de iniciarse una investigación de este tipo hasta que el recuento sea oficial. William Barr califica estos protocolos de "pasivos y demorados" y opina que "pueden dar lugar a situaciones en las que una mala conducta electoral no pueda rectificarse de manera realista".

La sugerencia de Barr a los fiscales generales provocó la renuncia, pocos minutos después de conocerse, del director de delitos electorales del Departamento de Justicia, Richard Pilger, quien acusó a su superior de derogar "una norma de cuarenta años de no interferencia [federal] en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de certificación de las elecciones". "Habiéndome familiarizado con la nueva norma y sus ramificaciones (...) lamentablemente debo renunciar a mi cargo como director de la División de Crímenes Electorales", anunció.

La GSA, la agencia gubernamental encargada de iniciar el proceso de transición todavía no entró en escena. Si bien Joe Biden consideró oportuno dar unos días a la Administración Trump para que asimilase la derrota, poco a poco la campaña del presidente electo ve crecer su inquietud ante la postura beligerante del mandatario.