La solución para que Hungría y Polonia retiren su veto al fondo de recuperación y al nuevo Marco Presupuestario Plurianual europeo, un paquete de 1,8 billones de euros clave para responder a la crisis socioeconómica desatada por la pandemia, está finalmente cerca de concretarse. Tras semanas de tira y afloja, Varsovia y Budapest están dispuestos a aceptar la solución de compromiso negociada en los últimos días con la presidencia alemana de turno de la UE y que permite resolver sus inquietudes sobre el nuevo mecanismo que condiciona los fondos europeos al respeto del Estado de derecho.

“Por ahora tenemos un acuerdo entre Varsovia, Budapest y Berlín y creo que también incluirá a las restantes 24 capitales europeas”, indicó ayer con optimismo el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, en vísperas de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, hoy y mañana en Bruselas, que intentará dar carpetazo a este asunto además de sellar un acuerdo sobre el objetivo de reducción de emisiones del CO2 del 55% para 2030, la coordinación ante el coronavirus, las relaciones con Estados Unidos y Turquía o la lucha contra el terrorismo.

Acogida prudente

La última palabra la tendrán ahora los veintisiete líderes europeos durante la cumbre de hoy y mañana. Si su respuesta “es positiva”, explican fuentes diplomáticas, la presidencia alemana podría relanzar el procedimiento de aprobación del paquete presupuestario inmediatamente y formalizar el acuerdo tan pronto como “mañana”, durante una reunión extraordinaria del Coreper (Comité de Representantes permanentes).

De momento, y a la espera de un análisis más calmado en las capitales, el plan de Berlín ha recibido una acogida “positiva” aunque “prudente” de los embajadores permanentes de la Unión Europea. “Yo diría que la recepción ha sido mayoritariamente positiva”, aseguró uno de los presentes tras un debate en el que ni Polonia ni Hungría intervinieron.

Tal y como señaló el martes el ministro alemán de asuntos europeos, Michael Roth, no se tocará “ni una coma” del reglamento acordado entre Consejo y Parlamento Europeo. Para resolver las dudas del primer ministro húngaro, Viktor Orban, y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, la solución pasa por una declaración interpretativa de tres páginas y media que garantiza que el nuevo instrumento se aplicará de forma “objetiva, justa, imparcial y factual”, garantizando el debido procedimiento, no discriminatorio y bajo la igualdad de trato de los Estados miembros. Su objetivo será “proteger” el presupuesto de la Unión Europea, incluido el fondo de recuperación, su buena gestión financiera así como los intereses financieros de la unión frente a “cualquier tipo de fraude, corrupción o conflictos de interés”.

El compromiso también recalca que la Comisión Europea tendrá que desarrollar la metodología que utilizará en sus evaluaciones “en estrecha consulta con los Estados miembros” y garantiza que si algún Estado miembro —como Hungría o Polonia— deciden presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Bruselas tendrá que esperar al pronunciamiento de dicho tribunal antes de finalizar sus orientaciones, lo que vistos los plazos podría suponer inutilizar durante meses una eventual actuación.