El Gobierno aprobó en marzo una serie de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente a las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. Entre ellas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio prioridad al teletrabajo como medida de flexibilización en las empresas, como recogió el Real Decreto-Ley del 17 de marzo.

Después, el Consejo de Ministros del 21 de abril prorrogó dos meses más el trabajo a distancia como método preferente al haber demostrado ser una medida eficaz para hacer frente a la propagación del coronavirus.

Sin embargo, una vez que decaiga el estado de alarma el próximo 21 de junio y España alcance la denominada "nueva normalidad", muchos trabajadores se preguntan si sus empresas pueden obligarles a dejar el teletrabajo e ir a la oficina. Dicho de otra manera, ¿tienen las compañías la obligación de mantener el trabajo a distancia?

En la 'nueva normalidad', esta modalidad será voluntaria y, nuevamente, con carácter preferente. El Real Decreto-ley 15/2020 del pasado 21 de abril se refiere así al carácter preferente del teletrabajo: "Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado".

Por tanto, no existe obligación por parte de la empresa, sino un carácter preferente.

Cuatro días de teletrabajo para algunos funcionarios

Los funcionarios de la Administración General del Estado también teletrabajarán una vez finalice el estado de alarma y se alcance la 'nueva normalidad'. Podrán acogerse a esta modalidad hasta un máximo de cuatro días, según el acuerdo alcanzado este miércoles entre el sindicato CSIF y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

La resolución, que entrará en vigor a partir del próximo día 21 de junio, se mantendrá hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. En concreto, el acuerdo contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial para aquellos funcionarios que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, que cuiden de personas dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo. El resto podrá teletrabajar un día a la semana como mínimo.

La futura regulación del teletrabajo se empezará a negociar en julio con el equipo de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.