La administradora provisional única de Radio Televisión Española (RTVE), Rosa María Mateo, reclamó ayer más financiación para la Corporación pública porque el modelo de financiación que se estableció en 2009 "contiene deficiencias que se han ido acrecentando con el paso del tiempo" y reconoce que retirar la publicidad en TVE fue un "error". "Nuestra empresa necesita una mayor financiación", aseguró en su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE.

Entre otras cuestiones, Mateo subrayó que para tener más audiencia "se necesita más dinero" porque los programas baratos "no venden". En respuesta al diputado de Vox Manuel Mariscal, la responsable de RTVE concretó que los ingresos "no alcanzan para cubrir los gastos". Además, explicó que en 2010 el presupuesto era de 1.200 millones y en 2020 RTVE no alcanza los 1.000 millones. "Con 200 millones menos, debemos modernizarnos, hacer frente a los gastos de personal, alimentar nuevos canales, emisoras y RTVE.es", recalcó.

Mateo aseguró además que, a su juicio, la transposición de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual "debería contemplar que las aportaciones" -a la financiación de RTVE- también las realicen las plataformas de streaming, igual que los operadores de televisión y telecomunicaciones.

Preguntada desde el grupo de Ciudadanos sobre los criterios a la hora de trasladar a corresponsales o presentadores de la cadena pública, Mateo aseguró que se siguen criterios "estrictamente profesionales" y estos movimientos "forman parte de la dinámica de cualquier medio de comunicación" .

Por otra parte, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribuna Supremo ha confirmado la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 15 de marzo de 2017 que obligaba a RTVE a mostrar a un ciudadano la retribución anual bruta percibida por el personal directivo en 2014 y 2015, por entender que prevalece el interés general de los ciudadanos en la divulgación de información sobre el interés privado de los afectados.