La mafia rusa es una ONG, encasillamiento que ya avala su peligrosidad intrínseca. Al igual que numerosas empresas de ese ramo, su funcionamiento consiste en captar subvenciones públicas, que se multiplican en beneficio de los gestores de la organización solidaria. La Russkaya Mafiya comparte objeto social con las iniciativas altruistas -adopciones, ayuda a zonas deprimidas-, si bien ha perfeccionado los mecanismos de cobro, con una garantía de retorno y unos métodos de exacción que envidiaría la banca occidental.La semana pasada se imputó a la cúpula de la subdelegación del Gobierno en Barcelona, por colaborar con el gangsterismo en la campaña España da la bienvenida a la mafia rusa, mediante la cual se aligeraban supuestamente el papeleo de sus miembros. Nadie se merece un permiso de trabajo antes que un mafioso ruso, pues el gremio acredita una productividad que llevaría a España al G-8 en un santiamén. Podría hablarse de escándalo, salvo que no se ha producido una sola dimisión. Ni siquiera la del mayor implicado, pues fue promovido a otro momio con el tiempo suficiente para que su detención no salpicara al Estado.La omisión de responsabilidades demuestra que los métodos de la mafia rusa han arraigado en la Administración, por lo que cabe hablar de éxito en la campaña de acogida de mafiosos. Que el delegado del Gobierno en Cataluña siga en su puesto es absurdo, aunque no tanto en una delegación que, según el propio Estado, ha franqueado la entrada al crimen organizado. De Rubalcaba ni se sabe. Con su proverbial frialdad, los burócratas debieron pensar que la situación no podía empeorar con una mafia rusa en la pista. Otra cosa es que se hubieran tramitado permisos de residencia a yihadistas apestosos. El PP concluirá que una mafia rusa es el mínimo castigo para los catalanes, por votar como votan, pero aquí también hablamos en defensa propia. El desenlace más lógico consistiría en entregar a los implicados a los gangsters a quienes cobijaron. Son más expeditivos y, según se ve, igual de justos.
