En defensa del Estado, no del PP

En las cúpulas de los partidos, y muy especialmente en el PP, abundan sobre todo los altos funcionarios, en su mayoría licenciados en Derecho, brillantes opositores y buenos conocedores de la Administración después de años de experiencia en su seno, tanto en cargos técnicos como políticos. Sin embargo, en cuanto cruzan la raya y deciden dedicarse por completo a tareas partidistas, se diría que mutan hasta resultar irreconocibles. Es como si de repente se convirtieran en leguleyos. Se desprenden interesadamente de sus conocimientos jurídicos o económicos, cuelgan el rigor en el perchero de sus despachos y se embeben de ese sectarismo ofuscante que les hace ver todo del color interesado de su parcialidad.

Sólo así se explica que, por ejemplo, el Partido Popular quiera ver en el informe de la Abogacía del Estado sobre el Prestige un refrendo expreso a la gestión que de la catástrofe hicieron los gobiernos de Aznar y Fraga. Dicen que da por buena la polémica decisión de mandar el buque al quinto pino, en lugar de abrigarlo en una ría, al tiempo que pide el sobreseimiento de la acusación que pesa sobre el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. De ahí deducen los populares que el dictamen en cuestión evidencia que PSOE y Bloque montaron "una gran mentira" a partir de lo que fue el accidente de un petrolero, sólo para obtener réditos políticos.

Digan lo que digan Núñez Feijóo y los suyos, los servicios jurídicos estatales no defienden a la administración popular, al PP como tal, sino eso que se conoce como el interés general. Intentan evitar a toda costa que el Estado sea quien pague con el dinero de todos nosotros los platos rotos por unos desalmados piratas del mar que sembraron de chapapote y desolación las costas gallegas en aquel triste otoño de 2002. Porque están en juego cantidades multimillonarias en forma de indemnizaciones a los afectados y multas que de algún sitio han de salir. Lo de menos es lo que le pase a López Sors. De lo que se trata es de evitar una sentencia condenatoria por mal funcionamiento de la Administración y de conjurar el riesgo de una declaración de responsabilidad civil subsidiaria, que obligarían a las arcas públicas a un gran desembolso, y que los verdaderos culpables se vayan de rositas.

Si en lugar de alejar el barco, la decisión de las autoridades hubiera sido aproximarlo a algún lugar de la costa, los abogados del Estado redactarían en parecidos términos un alegato que justificara su gestión. Y por descontado seguirían culpando al capitán Mangouras y sus ayudantes y poniendo de manifiesto el lamentable estado del Prestige, una auténtica chatarra flotante, como causa última de que pasase lo que pasó.

Y lo peor (o lo mejor, según se mire) es que a la Abogacía estatal, a estos efectos, tanto le da el color político del gobierno. De hecho, es seguro que los letrados públicos actuarían igual si la orden de alejamiento la dictase una administración socialista. Y es que los partidos se van turnando en los gobiernos. Lo único inalterable es el interés del Estado, que a decir de Maquiavelo, es lo que siempre está, lo permanente, lo que de verdad importa. Porque el Estado somos todos.

fernandomacias@terra.es