Una de espías autonómicos

Un colega me pide opinión sobre el caso del supuesto espionaje entre cargos públicos del Partido Popular en Madrid, que algunos periódicos destacan especialmente. Le reconozco que no sigo demasiado el detalle porque las guerras de dosieres entre facciones enfrentadas de un mismo partido, o de un partido contra otro, me aburren bastante. Nunca hay en ellas ningún impulso ético de regeneración, o de clarificación de los objetivos políticos, sino de apuñalamiento de los rivales que compiten por el mismo espacio de poder. Nada ideológico, por supuesto. A nadie se le escapa que el episodio de los espías forma parte de la feroz pelea entre el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por abrirse paso a codazos en la sucesión de Rajoy, en la seguridad de que esta se producirá tarde o temprano. Pelea que comenzó la misma noche de la derrota en las últimas elecciones generales, cuando algunos conjurados quisieron tirar al candidato popular desde el balcón de la sede social en la calle Génova... aprovechando que salía a saludar. Según lo que dice el diario El País, los espías de Madrid obedecen órdenes del gobierno regional y su misión consiste en investigar a militantes no afectos a la presidenta para ver si encuentran algo que pueda perjudicarles. En cambio, el diario El Mundo entiende que las revelaciones de su colega de la mañana tienen por objeto desprestigiar a la señora Aguirre y halagar, de paso, al presidente de Caja Madrid (por cierto, enfrentado con ella) para agradecer el apoyo financiero recibido en un momento de zozobra empresarial. Y añade maliciosamente el dato de que el señor Gallardón también dispone de su propio servicio de espionaje en la Alcaldía. El enredo se complica por momentos y un juzgado ya entiende del asunto con lo que tenemos asegurada una larga duración del serial. Pero, al margen de todo ello, la creación de servicios de espionaje en las comunidades autónomas no constituye una novedad. El gobierno del PNV montó su propio aparato de inteligencia con el asesoramiento de la CIA y del Mossad israelí , que adiestró a los agentes seleccionados. En esta operación delirante , con cargo a fondos públicos, hubo algunos episodios grotescos. Como el de las escuchas telefónicas al ex lehendakari Carlos Garaicoetxea en su domicilio particular. O como los de la compra de miles de alfileres con micrófonos microscópicos y de una centralita de teléfonos con capacidad para grabar y reconocer la voz de todas las llamadas realizadas desde centros oficiales. Y algo parecido sucedió en Cataluña durante el gobierno de Jordi Pujol, cuando se descubrió que su hombre de máxima confianza, Lluis Prenafetta, había contratado los servicios de una compañía israelí para realizar misiones de espionaje. Años más tarde de este suceso, el PP de Andalucía denunció que el gobierno del socialista Manuel Chaves se dedicaba también a esa clase a actividades. Y la comunidad de Murcia se quejó de que aviones espía de Castilla La Mancha habían invadido su espacio aéreo durante la llamada guerra del agua. La duplicación por los gobiernos autonómicos de las funciones que corresponden al Estado central forma parte de un proceso paranoico de imitación que no parece tener límite.