Apunto está de escribirse la última entrega del folletín de las cajas. No va más. Se acaba el juego. La Xunta mueve ficha, ya casi a la desesperada. Rueda envía a Zarrías algo que se parece mucho a un intento de romper civilizadamente una negociación imposible y aguarda una respuesta en la que no confía. Se entiende esa desconfianza dada la forma de conducirse del secretario de Estado que paradójicamente se hace llamar de cooperación territorial, un auténtico trilero de la política, que ni se molesta en guardar las formas, a pesar de que sabe que tal actitud deja en mal lugar incluso a sus compañeros del PSOE gallego.

Quede claro que ni Xunta ni Gobierno Central tienen el más mínimo interés en que el Tribunal Constitucional llegue a pronunciarse sobre la nueva normativa gallega. Aunque no se demorara más allá de unos meses, su dictamen no serviría para nada. No tendría ningún efecto práctico en cuanto a lo que cada una de las partes persigue. A esas alturas ya estaría vendido todo el pescado de la reestructuración financiera, por más que el proceso se esté dilatando. El recurso promovido por Moncloa ya sirvió para lo que tenía que servir: paralizar la pretendida fusión Caixa Galicia-Caixanova y rebajar la capacidad de decisión de la administración autonómica.

El tiempo más que correr, vuela. Cada día que pasa se aleja la posibilidad de que Feijóo alcance su propósito. Negociar en Madrid, cambiar algunos epígrafes o incluso artículos de la ley, tramitar la modificación en el Parlamento, publicarla en el DOG y renovar los consejos de administración, todo eso requiere varios meses, por muchas prisas que se den. Difícilmente llegaríamos a tiempo de solicitar recursos del FROB, si para entonces todavía estuviesen disponibles. Por eso, la suerte parece estar echada. Lo saben tanto los unos como los otros. Tampoco lo ignora el resto del elenco de este culebrón y a algunos se les nota porque tienen la impresión de haberse salido con la suya.

Todo apunta a que nuestras cajas se verán envueltas o se embarcarán en operaciones que acaben desplazando sus centros de decisión fuera de la comunidad gallega. Desde luego, nadie podrá culpar de eso ni a Feijóo ni al PP gallego. Pusieron todo de su parte para unir las dos cajas en una, solvente y gallega. Por ellos no quedó. Otros no podrán decir lo mismo y está por ver el precio electoral que han de pagar, que a lo mejor no es tanto, dado que este asunto no tiene el calado cívico de otros temas que tocan más de cerca al ciudadano.

Pero la autonomía gallega habrá quedado muy tocada en su línea de flotación. Sin herramientas financieras a su alcance, de poco sirve el autogobierno. No tardaremos en descubrirlo. Perder la capacidad de influir en las gestión de "nuestras" cajas tiene unas consecuencias prácticas mucho mayores de las que ahora mismo podemos intuir. Nuestra economía se queda sin apenas músculo financiero justo en el momento en que más lo precisa para acometer el sobreesfuerzo que se requiere para salir de la crisis. Lo pagarán caro los sectores más dinámicos de la actividad productiva, que tal vez debieron implicarse más en la iniciativa fusionadora emprendida por la Xunta, porque les iba mucho en ello, aunque el daño lo sufriremos todos.

El día después de que se confirme que no será posible la caja única gallega, ya puede el presidente de la Xunta ponerse serio y dar un golpe en el tablero autonómico. Debe plantearse una táctica de repliegue y devolver a Madrid muchas de las competencias y funciones que ahora tiene San Caetano. Ya me dirán para qué le sirven, sin autonomía financiera. Será cosa de devolvérselas a un Estado que le niega a las comunidades, al menos a la gallega, el único poder de verdad, la capacidad de decidir sobre las cosas de comer.

fernandomacias@terra.es