Si yo fuera Feijóo, Rueda o Fernández Currás no celebraría que, justo en este momento, el Tribunal Constitucional levante la suspensión de varios artículos de la Ley de Cajas de Ahorros de Galicia, recurridos por el Gobierno. O sería más comedido. De entrada es aconsejable la prudencia. No se deben echar las campanas al vuelo por lo menos hasta que vea la luz el correspondiente auto y en tanto no se analicen las repercusiones directas e indirectas que la resolución judicial pueda tener en el objetivo de crear una gran caja gallega.
Que la normativa aprobada por PP y Bloque resulte no ser inconstitucional es un indudable éxito para la Xunta y los nacionalistas, a la vez que un varapalo para el PSOE. De hecho y de derecho, confirmaría que el recurso planteado por Moncloa y aplaudido por los socialistas carecía de base jurídica -aunque se sustentase en un pulcro dictamen del Consejo de Estado- y tenía en cambio una clara intencionalidad política: dificultar la fusión de las cajas gallega tal y como estaba planteada, evitando de paso que Feijóo se apuntase el primer gran logro de su mandato presidencial. Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva legislación puede poner en riesgo el acuerdo alcanzado por Caixa Galicia y Caixanova para integrarse en una entidad de nueva creación. Algunos de los preceptos de la ley chocan con aspectos esenciales del protocolo de fusión. Sin ir más lejos, el primer presidente de la caja fusionada, Julio Fernández Gayoso, tendría que jubilarse forzosamente, por tener más de 70 años, y por tanto no podría pilotar la operación, como se pretendía desde el Banco de España. Además, habría que replantearse cuotas de representación institucional en los futuros órganos de dirección y de administración y con ello reabrir de alguna forma el melón del reparto territorial del poder. Desde el Pesedegá se pide al Gobierno autonómico que mueva ficha. Urgen que ponga en marcha una reforma parcial de la ley recién aprobada para adaptarla a la letra y al espíritu del acuerdo de fusión. Se entiende que, si así fuera, los socialistas se incorporarían a un consenso del que estuvieron ausentes, con lo que, además de conjurar el riesgo de que la integración pueda malograrse, tendríamos en adelante un marco legal estable, a salvo de cambios de color político en la Xunta, y con ello una seguridad jurídica que agradecerían el sector financiero y la propia ciudadanía.
Pero los populares no dan el brazo a torcer. Por ahora, no se plantean promover el cambio de la ley de cajas que reclama el PSOE. Sólo piensan en aprovechar la baza que les da la resolución del Constitucional para desgastar a Pachi Vázquez, por justificar una acción judicial sin fundamento, que ponía en riesgo la autonomía financiera de Galicia en la medida en que privaba a la administración gallega de una parte de su capacidad para impulsar un acuerdo de fusión. En el PPdeG son conscientes que lo preceptuado por la ley prevalece sobre el protocolo de integración y que ahí tienen un problema. No obstante, creen poder aplazar la aplicación de esa norma hasta que la fusión sea un hecho, allá para final de año.
Sea como fuere, si el Constitucional levanta el veto a la parte sustancial de nuestra ley de cajas, aún sin pretenderlo, puede desencajar el complicado puzzle de la integración. Se mire por donde se mire, eso, que deja en evidencia al PSdeG, tampoco sería bueno ni para la Xunta, ni para el PP. Mucho menos para autonomía financiera de este país, que se supone que es lo que se supone que a todos les (nos) interesa.
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